16 Feb LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

La soberanía reside en el pueblo y de él emanan los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

No hay un poder único, sino tres, con competencias y atribuciones diferentes.

Para poder explicar la politización de la justicia, primero hay que tener en cuenta que no estamos en un  Estado de Derecho, donde los tres poderes sean independientes: ejecutivo, legislativo y judicial.

El poder ejecutivo (el gobierno), el que se encarga de poner en práctica las leyes (política, economía, social, impuestos, etc.).

El legislativo, el parlamento, el que hace las leyes.

El judicial, el que vela por el cumplimento de las leyes.

En un estado de derecho tendría que haber elecciones para cada uno de ellos: ejecutivo, legislativo y judicial.

Los partidos políticos controlan los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), por lo tanto no estamos en una verdadera democracia, porque no se respeta la independencia de los tres poderes, sino que es uno mismo el que hace las leyes, el que las pone en la práctica y el que vela por el su cumplimiento.

Esto es lo mismo que si en un partido de fútbol fuera el mismo el que hace el reglamento, pone los jugadores y el árbitro; el resultado del partido es el que quiera él, por lo tanto es un fraude, lo mismo que está pasando en la realidad política.

El poder ejecutivo, legislativo y judicial, tendrían que ser independientes, vigilarse unos a otros, tendría que cambiar  la Constitución, por lo tanto, el sistema electoral, y cuando hay elecciones, poder votarse para los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, entonces estaríamos en un Estado de Derecho y en una verdadera democracia.

Los componentes del Consejo General del Poder Judicial (CXPX), que es el máximo órgano de los jueces, lo nombran  los partidos políticos a dedo, según la su afinidad política, por lo que hay  jueces del PSOE, PP y otros, y tienen obediencia ciega a quien los nombró.

Después, el Consejo General del Poder Judicial (CXPX) designa a los magistrados y presidente del Tribunal Supremo, a dos magistrados del Tribunal Constitucional y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas por mayoría simple de los 21 vocales.

Pero los diputaos designan también a dedo a ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, cuatro por el  Congreso, cuatro por el Senado, dos los  nombra el gobierno directamente, y los otros dos el CXPX. ¿Independencia del poder político?

El Gobierno nombra también a dedo al jefe de los fiscales, que es el Fiscal General del Estado Español.

Los sillones del CXPX son auténticos botines políticos, como se puede comprobar con el  movimiento permanente de diputaos que van y vienen del Consejo al escaño.

Como vimos, son también los partidos políticos los que escogen a los componentes del Constitucional, por lo tanto, politización de la justicia pura y dura.

Ahora el PP, quiere modificar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CXPX) de los 21 miembros, 8 de ellos quiere que los elijan las asociaciones de jueces, que son la mayoría de derechas, más los que les toca elegir a ellos a dedo como partido, así van tener siempre mayoría absoluta y controlar la justicia.

Según Perfecto Andrés Ibáñez, como testigo de excepción, el Consejo General del Poder Judicial es una institución fuertemente deslegitimada, por causa de la designación político-partidista de todos los sus componentes.

Toda posibilidad de ascenso de los jueces al órgano de gobierno pasa por despertar el interés o la confianza de un partido político.

Resumiendo, el máximo órgano de poder de los jueces, así como los del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, los nombran los partidos políticos a dedo, el jefe de todos los  fiscales lo nombra el  gobierno a dedo.

Ello es que los jefes de los jueces y los fiscales los nombra la clase política, y si los jueces o fiscales no son obedientes a la clase política no ascienden nunca y los  marginan; a esto se llama POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA.

Por eso, todos los partíos políticos, cuando se habla de la justicia, callan y defienden este tipo de elección vergonzosa, por lo que es muy común sentirlos hablar de que estamos en un Estado de Derecho, que nosotros somos muy respetuosos con las decisiones judiciales; ¡cómo no van ser respetuosos, si los jueces son sus subordinados!

En 2019 el Tribunal Supremo actual dictó una sentencia reconociendo al General Franco como jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, es decir, legitimando el golpe de Estado del 18 de julio anterior contra la República legal y legítimamente constituida.

En diciembre de 2022, el presidente del Gobierno del sr Pedro Sánchez, y el anterior jefe de la oposición Pablo Casado, acuerdan renovar el Tribunal Constitucional, que tiene un mandato de 10 años, pasando a ser de mayoría progresista.

El PP actual de Alberto Núñez Feijoo, como ya no controla el Tribual Constitucional al ser de mayoría progresista, arremetió con dureza contra él, tratándolo de cáncer de Estado, cuestiona la neutralidad de sus magistrados, en palabras del diputado del PP Esteban González Pons

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, llevan cinco años con el mandato caducado (desde el 4 de diciembre de 2018) contraviniendo la Constitución.

La renovación del CGPJ necesita el voto favorable de tres quintas partes de los diputados y de tres quintas partes de los senadores. Eso, en la práctica, da al PP el poder para parar cualquier nombramiento.

El Partido Popular tiene cuota de bloqueo y se niega sistemáticamente a pactar su renovación. Bien, el PP y también los miembros del consejo que se mantienen atrincherados, porque podrían renunciar y no lo hacen.

Los argumentos del PP suelen cambiar, crispación política por la ley de amnistía, encadenamiento de procesos electorales, no acepta la incorporar a miembros del consejo propuestos por según qué partidos políticos con representación parlamentaria

Con esta estrategia el PP ha conseguido casi siempre controlar la justicia. El resultado es que ha controlado la justicia en 22 de los últimos 27 años.

La Comisión Europea ha decidido intervenir como mediadora en la renovación del CGPJ. El PP aceptó la mediación del comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, como un mal menor para que no pareciera que se negaba a ello, después de esta maniobra vendrá otra, pero el PP no va a renovarlo.

Ha habido una reunión en Bruselas, sin avances, y la segunda ha quedado aplazada  por una gripe A del negociador del PP, Esteban González Pons. El comisario de Justicia europeo exige una vez más que se renueve primero y se reforme el sistema de elección después.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha hecho saber cuál es su posición, no debe renovarse, lo que hay que hacer es cambiar la ley de elección de los miembros del CGPJ, para seguir controlándolo.

El ministro Félix Bolaños, aseguró que hay ocho vocales del CGPJ que “están a sueldo y absolutamente a las órdenes” del PP, como hay otros que están a las del PSOE.

El CGPJ, el Tribunal Supremo y el Banco de España son tres Instituciones muy importantes que están controladas por la derecha (PP).

El CGPJ prácticamente solo se renueva cuando el PP puede imponer la mayoría conservadora. Una excepción fue cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el PP aceptó la renovación a cambio de que el presidente fuese Carlos Dívar, un magistrado ultraconservador que a los pocos años tuvo que dimitir cuando se descubrió que hacía viajes de placer con cargo a fondos públicos.

En España, la impunidad de los jueces es casi una norma, no escrita, y algunos errores judiciales cuentan como méritos para promocionarse.

España fue condenada por El Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la sentencia que dictó como ponente el magistrado Manuel Marchena contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan Maria Atutxa. A continuación fue promocionado a presidente de la sala penal.

El Partido Popular intentó después promocionar a Marchena a presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pero la operación fracasó cuando trascendió el comentario de whatsapp de un responsable político de la derecha que aseguraba que con Marchena tenían controlada la sala penal del Tribunal Supremo, la que iba a tratar los casos de corrupción del partido.

El expresidente del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, estuvo encarcelado durante dos años bajo varias acusaciones formuladas por la instrucción de la jueza Carmen Lamela. Celebrado el juicio oral, Rosell y los demás acusados fueron absueltos. El error de la jueza no impidió que a continuación fuese promocionada a magistrada del Tribunal Supremo, precisamente en la sala penal. Un comisario de policía y agente del CNI ha declarado que el ascenso era el premio que le prometieron a cambio de mantener a Rosell en prisión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España al concluir que jóvenes habían sido torturados y maltratados durante la instrucción dirigida por el juez Baltasar Garzón. Por este escándalo, Garzón quedó impune, pero, en cambio, fue suspendido y expulsado de la carrera judicial por los supuestos excesos en las investigaciones de la trama de corrupción del Partido Popular y por su empeño en investigar los crímenes del franquismo.

Fernando Grande-Marlaska es Ministro del interior desde 2018, después de abandonar el Consejo General del Poder Judicial, donde era vocal a propuesta del PP desde 2013.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en seis ocasiones por no haber investigado denuncias de torturas y persecución política en causas que estaban bajo el poder de Marlaska.

Fue en esta institución pública de la justicia, fuertemente politizada, donde el Estatuto de Cataluña llevó las mayores críticas e insultos; se oponen fuertemente a la creación de un poder judicial Catalán, porque entonces perderían influencia política los partíos españoles sobre Cataluña.

Otro escándalo judicial; fue el archivo vergonzoso de las diligencias contra el banco de Santander que cometió el mayor fraude fiscal de la historia con miles de millones,  fue archivado porque no hubo acusación por parte del fiscal, ni el fiscal del gobierno, estando el PSOE con  Zapatero de Presidente hizo la acusación, después de comerte el mayor fraude fiscal.

El expresidente del PP de Castellón  y expresidente de la diputación Carlos Fafra que tenía varios casos judiciales pendientes por corrupción, fueron archivaos porque dejaron que prescribieran.

O también el archivo vergonzoso de las diligencies contra la trama de la dinamita en Asturies que llevó al asesinato de 200 víctimas inocentes en los atentados de los trenes de Madrid.

El archivo de las diligencies lo hizo el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturies, un home puesto por la clase política.

Ese archivo indignó tantísimo a la presidenta de las víctimas del 11M, Pilar Manjón, que no se explicaba cómo habiendo tantísimos implicados en la trama, esos actos de terrorismo quedaron impunes.

Recordar que la trama de la dinamita la denunciaron varias veces, tanto confidentes de la Guardia Civil, como los propios guardias civiles, pero cuando esas investigaciones llegaron a un cierto escalón se paralizaron inmediatamente. ¿Golpe de Estado o atentado terrorista?

El PSOE, nada más llegar al Poder, siendo Presidente el sr José Luis Rodríguez Zapatero,  cuando los cuerpos de esas víctimas inocentes del 11 M estaban todavía calientes, lo primero que hace es ascender al Jefe de la Guardia Civil en Astures, coronel Laguna, a general; un home encargado de velar por la seguridad para que no se produjeran esos robos descarados de dinamita; quedó también judicialmente impune.

O como, la máxima responsable política en materia de seguridad, la exgobernadora civil, Mercedes Fernández del PP, cuando la trama de la dinamita, quedó también impune judicialmente y todavía sigue ocupando cargos públicos.

La nostalgia franquista, conservadora y autoritaria de buena parte de los miembros de las fuerzas armadas, el poder militar español ha dejado de ser considerado como una amenaza permanente para las libertades de los ciudadanos españoles, debido a la integración Europea.

Sin embargo, el poder judicial español, que pasó de franquista a demócrata de la noche a la mañana, ha sido y sigue siendo un freno al desarrollo de derechos y libertades.

La defensa de los símbolos franquistas por los tribunales Españoles. Prohibieron cambiar el nombre de la calle dedicada al general Millán Astray, el fascista más orgulloso, jefe de la oficina de propaganda de Franco y autor de la frase “¡Viva la muerte!”. Tampoco se ha podido modificar por sentencia judicial el nombre de la calle dedicada a los Caídos de la División Azul, los voluntarios españoles que se incorporaron al ejército nazi.

El dictador murió en la cama, dejando su legado ”atado y bien atado” especialmente en el terreno judicial.

La amnistía, y la investigación del lawfare fue una de las condiciones, irrenunciable según ERC y JxCat, que pusieron para volver a investir a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

El lawfare consiste en el empleo de procesos legales para destituir cargos públicos, Utilizar el sistema judicial con fines partidistas.

La cúpula judicial está indignada por las referencias al lawfare  que comenzará a materializarse con la celebración de tres comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados.

Los jueces, respaldados por el CGPJ,  no irán a declarar a las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados en las cuales se abordará la operación Catalunya, el espionaje con Pegasus y los atentados del 17-A.

El PSOE, que votó a favor de su creación, está en contra de convocar a jueces a estas comisiones, junto con el PP y con Vox, lo que impedirá que sean citados. Como si los miembros del Poder Judicial tuvieran inviolabilidad como el rey.

 Comparecer en sede parlamentaria es de obligado cumplimiento y, en caso contrario, puede haber las consecuencias penales previstas“. Desde la perspectiva de Junts, los magistrados “pueden ser criticados en una democracia”, especialmente si se trata de una “cúpula bunquerizada, politizada y con cargos caducados”.

La Comisión de Ética Judicial, organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, respalda a los jueces que se manifestaron en contra de la ley de amnistía, que no está aprobada, ya que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados.

Consideran lícita la asistencia de jueces a las concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el estado de derecho y la independencia de la justicia. Si consideran que está en peligro, es suficiente, no hace falta que esté en peligro. Es más, puede no estarlo, como es el caso, y ellos pensar que sí.  Solo son válidos si tienen una posición. La que defiende la derecha.

 El martes día 12 de diciembre de 2023, en el Congreso la diputada Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, citó uno por uno a los jueces que, a su juicio, participaron en la supuesta trama de lawfare, en la operación Cataluña. Los tachó de personajes oscuros, “indecentes” y “togados franquistas“. “En un país normal serían procesados y juzgados. La diputada de la formación de Carles Puigdemont aludía, entre otros, a los magistrados Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carmen Lamela o Carlos Lesmes.

La ministra de defensa Margarita  Robles y el ministro de la presidencia Félix  Bolaños pidieron perdón a los jueces por el discurso de Nogueras, lo que resulta francamente grotesco.

El Juez García Castellón sacó a Ignacio González de la cárcel; archivó la causa contra el rey Juan Carlos I; no mostró ningún interés en averiguar quién era un tal M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas; persiguió judicialmente a Podemos (más de 20 querellas) sin conseguir nada, no imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa Kitchen. 

García Castellón también ha cerrado la causa por la financiación irregular del PP madrileño para tres expresidentes del PP: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. La pieza separada de Púnica que investiga la caja b del PP de Madrid.

Ahora no tiene otra obsesión, imputar por terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira en contra del parecer de la fiscalía, quizás pensando que si reventa la amnistía hará caer al Gobierno de Pedro Sánchez, al que pretende presentar como cómplice de terroristas.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acusó a García-Castellón de lawfare por mantener la acusación a Puigdemont por terrorismo y arremetió contra el poder judicial. Nadie le ha seguido desde el ejecutivo español por más evidencias que haya.

Villarejo tiene mucho material inculpatorio de todo el mundo que ha hablado con él, todo dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. De momento, Villarejo sigue en libertad y no en prisión, seguramente bastante vigilado y prudentemente callado respecto a algunos asuntos.

Justamente García-Castellón es el instructor de la causa contra Villarejo. Hace poco, cuando un periodista le preguntó a Villarejo sobre sus relaciones con este juez, dijo que nada podía decir ahora que pudiera molestar al juez que lleva su caso.

La batalla del Poder Judicial contra el Legislativo y el Ejecutivo solo acaba de empezar y todo es posible.

Nadie duda de que, diga lo que diga el informe definitivo de la fiscalía, las imputaciones de terrorismo y traición se mantendrán viva.

En unas semanas la ley de amnistía volverá al Congreso para su aprobación, hay 1.432 causas amnistiables, y 200 personas no podrán acogerse a ella, los imputados por el Tsunami podrían tener que esperar a ver si progresa la causa de terrorismo abierta. Y dentro de los imputados por el Tsunami están Marta Rovira, una líder de ERC, y Carles Puigdemont, líder de Junts.

La posición de  Junts, esgrime el argumento de que o todos o nadie. Al final se modificó el texto

Los actos tipificados como terrorismo, traición y malversación quedan dentro del perímetro de la ley de amnistía enmarcado en los “estándares europeos”.

Todo el mundo da por sentado, como una evidencia, que el juez García-Castellón intenta boicotear la ley de amnistía porque ejerce como agente del Partido Popular, para hacer caer al Gobierno. 

La trama civil contra la amnistía, los defensores del régimen del 78 reconvertidos en punta de lanza de una opinión claramente golpista que desautoriza los poderes legislativo y ejecutivo emanados de las elecciones del pasado 23 de julio.

Fernando Savater, el miembro de la Real Academia Española Juan Luis Cebrián y catedráticos del Derecho como Manuel Aragón, Enrique Gimbernat, Teresa Freixes y Agustín Ruiz Robledos. Así, hasta 66 autores que han puesto su firma siguiendo la consigna civil del expresidente del Gobierno José María Aznar que quien pueda hacer que haga, quien pueda contribuir que contribuya.

No es solo por la amnistía, sino porque se ve venir iniciativas reformistas de la mayoría progresista. Así que quieren aprovechar la ocasión para buscar el apoyo no solo de la Comisión sino también y sobre todo del gremio judicial europeo para detener cualquier reforma del sistema judicial español que impida consolidar y perpetuar el mismo poder de siempre, que se ha mantenido prácticamente intocable desde la dictadura.

Así es como actúa una parte de la judicatura que se resiste a perder el control de todos los resortes de poder que tenía durante el franquismo. Una parte de la judicatura que aún hoy es mayoritaria en el Estado español, la judicatura franquista.

Lo más grave de lo que está pasando es la connivencia de jueces, de fiscales, de medios de comunicación y de la propia sociedad civil española que, siguen participando todavía hoy para que la guerra sucia logre sus objetivos, derriba al gobierno y convocar  elecciones.

No quieren un Estado Plurinacional.

ENSAME SOCIALISTA ASTUR

(Estaya Política)