31 Dic NEOLIBERALISMO
NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo es la política económica de la derecha, consiste en permitir por parte de los partidos políticos con posibilidad de gobernar, en España representados por ( PP, PSOE) que los grandes grupos financieros y empresariales, actúen en el Estado sin ningún tipo de control, lo que lleva a la explotación y la miseria (explotación laboral, financiera, energética, minera ( mina oro Salave), especulación inmobiliaria, aumento de la pobreza y la desigualdad, deterioro ecológico, desaparición de la cultura y la economía de los pueblos, deslocalización de empresas hacia países con sueldos bajos y explotados, privilegios de las elites etc.) hacia la población.
El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938, por el economista alemán Alexander Rüstow. Fue creado para mantener los privilegios de las clases adineradas frente la democracia, exigiendo que los marcos constitucionales, no obliguen a los poderes financieros y económicos a estar sometidos al control democrático, ni limitación por parte del estado. La doctrina Botín, amnistías fiscales (1984, 1991, 2012), privatización de empresas y servicios públicos, los privilegios de los Borbones, de la clase política y la iglesia católica, son buen ejemplo de ello.
El sistema normativo neoliberal establece límites hasta dónde puede ir una democracia, Y lo hacen de tal manera que favorecen a los ricos frente a los trabajadores, reproduciendo un sistema basado en la competencia en lugar de la equidad económica y social.
El liberalismo produce la miseria de muchos a costa de la riqueza de pocos, destruye el estado del bienestar.
CARACTERÍSTICAS DE NEOLIBERALISMO
La corriente ideológica del neoliberalismo posee las siguientes características:
PROPIEDAD PRIVADA: Esta es una de las características más importantes del neoliberalismo. Defiende que la mayor parte de los bienes y factores de producción debe ser de propiedad privada.
PAPEL DEL ESTADO: No plantea la supresión del Estado pero sí que plasma una gran limitación de sus funciones. No hay empresas públicas, educación, vivienda pública, sanidad, pensiones, entidades bancarias, trasporte de viajeros, medios de comunicación etc. Todo privado, excepto el ejército, policía y poder judicial
El resultado es un Estado del bienestar muy reducido donde se prima al individuo sobre la comunidad
LIBRE MERCADO: Defiende la total libertad del mercado, ya que afirma que es la manera óptima de optimizar la asignación de recursos. El Estado no fija precios, no regula sectores como el juego, los convenios colectivos, el precio de los productos sanitarios etc.
DESREGULALIZACIÓN: Aboga por una desregulación de los mercados, permitiendo una mayor libertad en ellos.
Libertad de horarios comerciales, que no haya convenios laborales, que no se regule el mercado de la luz etc.
Lo que permite que los grandes grupos empresariales y financieros nos impongan sus condiciones especulativas,
Lo estamos viendo con los Bancos, imponiéndonos fuertes comisiones y peores servicios. O las empresas eléctricas subiendo la energía a precios prohibitivos.
IMPUESTOS: Persigue una reducción de los impuestos, derivando en un menor gasto público. Esto supone un menor presupuesto del Estado por lo que se reducirá su peso en la economía. El gasto público el menor posible.
Esto supone mayor beneficio para los ricos y graves perjuicios para la población, ya que los servicios del estado del bienestar, Educación sanidad, servicios sociales, pensiones etc se verán mui reducidos
PRIVATIZACIÓN: La privatización de determinadas empresas y servicios públicos fomentará la privatización de los factores de producción. Luz, gas, Agua, sanidad, recogida de basura, limpieza de calles etc, A través de los grandes grupos empresariales con ánimo de lucro, provocando un aumento en los costes de esos servicios públicos y un empobrecimiento de las familias.
Después de la Segunda Guerra Mundial y en particular varias décadas después de terminado dicho conflicto, en un mundo occidental con políticas económicas keynesianas muy difundidas, es donde sobrevino el triunfo de movimientos «neoliberales», de los cuales los más influyentes fueron los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido (1979-1990) y en Estados Unidos el de Ronald Reagan (1981-1989).
En España se empezó aplicar las política neoliberales en los años 80 de la mano del PSOE, bajo el Gobierno de Felipe González ( 1982-1996), con el inicio de la privatización de empresas públicas, en total privatizó 80 empresas públicas, algunas no rentables como Seat, ENASA, otras altamente rentables y de sectores clave para la economía, inició su privatización parcial, como en los casos de la eléctrica Endesa, la petrolera Repsol, la entidad bancaria Argentaria, la empresa de telecomunicaciones Telefónica, Capsa, Marsans (Viajes), ENCE, Trasatlantica, hasta un total de 80 empresas.
Recorto del gasto público, lo que provocó que estuviera 4 huelgas generales, 1985 contra la reforma de las pensiones, 1988 contra la reforma laboral, 1992 contra la reforma del subsidio de desempleo, 1994 contra la reforma laboral.
En 1987 Nicolás Redondo, secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), y Antón Saracíbar, secretario de organización de este sindicato, renuncian al acta de diputado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para no respaldar la política económica del Gobierno de Felipe González, claramente neoliberal.
Referéndum de la OTAN- Felipe González, entonces líder del PSOE, pasó de abanderar en 1982 una feroz campaña contra el ingreso de España en la OTAN, a clamar por su permanencia, vinculándolo a su futuro político y al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea
Y pasó de plantear un referéndum, aconsejando a la ciudadanía el voto favorable a la salida de la alianza militar, a conseguir que la mayoría de españoles votasen ‘sí’ para quedarse,
El referéndum se hizo del 12 de marzo de 1986. Con una participación del 59,4%, mucho más alta de lo que se esperaba, el ‘sí’ a la permanencia cosechó el 52,5% de los votos.
El acuerdo era la no incorporación a la estructura integrada de la OTAN. La prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio Español. La reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.
Cabe destacar en 1995, el nombramiento de Javier Solana, uno de los socialistas más anti OTAN en la oposición, como Secretario General de OTAN, bajo su mandato los acuerdos no se cumplieron.
En 1983, el PSOE de Felipe González, por motivos políticos, cambió las leyes que regían el narcotráfico y consumo de drogas, en contra de Naciones Unidas. Despenalizando el consumo de drogas duras, haciendo nueva leyes que favorecen al narcotráfico y consumo de drogas.
Esto provocó y está provocando un auténtico genocidio de gente mozo, con miles de muertos, familias destrozadas por el dolor y arruinadas, secuelas de por vida de los afectados, además de generar un enorme gasto social.
Durante este Gobierno de Felipe González hubo muchísimos casos de corrupción, siendo los más importantes:
Caso Flick trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick
La Fundación Friedrich Ebert próxima al El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
Caso de los fondos reservados, desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Caso Filesa, Malesa y Time-Expor, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse.Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote
Entre 1988 y 1990, estas tres empresas facturaron más de 1.000 millones de pesetas, llegando una parte de ese dinero directamente a las arcas del PSOE. En 1997, el Tribunal Supremo condenó a los miembros y dirigentes del PSOE Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Josep María Sala, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Vivas y Eugenio Marín a diversas penas de cárcel y económicas.
Caso KIO-Ercros
Javier de la Rosa, empresario financiero catalán, financió y ayudó a través de la sociedad kuwaití KIO a varios partidos políticos. En enero de 1991, la petrolera francesa Elf adquirió la filial de Ercros y de KIO, Ertoil, mediante la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding. Otro investigado en este caso fue Josep Piqué, quien sería más tarde ministro con el gobierno de Aznar, por su participación en esa venta.
Caso Ollero
Las consejerías de Economía y Obras Públicas de la Junta de Andalucía fueron acusadas de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, violación de secretos y fraude fiscal por el supuesto cobro de comisiones ilegales para financiar actividades del PSOE. Manuel Ollero, exdirector general de Carreteras de la Junta, fue condenado a un año de suspensión de cargo público por un delito de revelación de secretos y a una multa de 150.000 pesetas
Caso Ave En octubre de 1992 se descubrió que la empresa alemana Siemens consiguió de forma irregular, la parte más importante del contrato del Tren de Alta Velocidad (AVE). El Gobierno socialista aprobó un presupuesto de 62.500 millones de pesetas y el coste final llegó a 476.000 millones.
Caso Ave cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Caso Cruz Roja Carmen Mestre, presidenta de la ONG por designación del gobierno socialista, fue denunciada por desviar donaciones y por tráfico de influencias en la venta de la sede de la Cruz Roja en Madrid.
Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Caso KIO–Caso Urbanor: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).13
Caso Viajes Ceres
El Ministerio de Asuntos Sociales otorgó en 1988 una serie de subvenciones para crear una empresa que diera cobertura a los viajes de la tercera edad. Después resultó que la sociedad en cuestión había desviado 833 millones de pesetas a una filial de Filesa, Viajes Ceres.
Caso Seat, pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
Caso Osakidetza en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un “cambiazo” masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
Caso Cesid escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
Operación Mengele, presunto secuestro y experimentación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
Caso Guerra (1989) : Juicio a Juan Guerra, hermano del vicepresidente del PSOE Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones, de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país en muchos años.
El hermano del exvicepresidente del Gobierno fue al banquillo por usar un despacho oficial para hacer negocios; a Alfonso Guerra le costó el cargo de vicepresidente del gobierno, dimitió en enero de 1991, pero siguió siendo diputado y cargos importantes en el Congreso de los Diputados y en el PSOE hasta el año 2015.
El hermano del vicepresidente compartió dependencias con tres delegados del Gobierno distintos, que jamás cuestionaron los servicios que prestaba en el organismo público a los empresarios, autoridades, alcaldes, funcionarios, socios y amigos.
Entre los negocios que le dio al hermano, tenía la concesión de la importación de carbón. Las empresas que importaban carbón, tenían que pagar una cantidad por tonelada a la concesionaria que administraba, en aquella época, se importaron millones de toneladas.
Tenía conexiones con un centenar de sociedades con importantes activos inmobiliarios. Aquella actividad le reportaba unos ingresos que no encajaban con su nómina de asalariado del partido.
Se sospechaba que servían para financiar ilegalmente al PSOE. Pero nunca se pudo probar, a pesar de que algunos empresarios testificaron que le habían pagado abultadas comisiones a Juan Guerra como mediador, a cambio de obtener contratos públicos o recalificaciones de suelo rústico.
Fue juzgado por delitos muy graves de malversación o estafa, entre otros. La Audiencia de Sevilla lo condenó a un año y seis meses de cárcel por el uso indebido del despacho y luego lo absolvió el Supremo. El tráfico de influencias, desconocido hasta entonces en el Código Penal Español, fue tipificado como delito a raíz de este caso.
Juan Guerra, inhabilitado por inducir un delito de prevaricación en la recalificación de una parcela en Alcalá de Guadaíra, sólo fue condenado por un fraude fiscal de 253.627 euros con su empresa Corral de la Parra, a 125.000€ de multa y a un año de cárcel (que no tubo de cumplir al carecer de antecedentes penales) . Nunca llegó a saldar su deuda con la Justicia porque fue declarado insolvente.
Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
Caso Ibercorp: (1992) especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España, nombrado por Carlos Solchaga ( PSOE).
Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del Presidente Socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
Caso Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda.
Caso Expo’92 cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros . Fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.
Caso Fondos Resevados Hasta 28 altos cargos del Ministerio del Interior del PSOE cobraron un sobresueldo de la partida de los Fondos Rervados.
Rafael Vera, exsecretario de Estado de Interior, incrementó su patrimonio en más de 800 millones de pesetas. Además de Vera, Julián Sancristobal, exdirector de la Seguridad del Estado; José María Rodríguez Colorado, exdirector de la Policía; Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil; e Iñaki López, exgobernador de Vizcaya, fueron condenados a diversas penas por incrementar su patrimonio de esta manera.
Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado, está libre, después de cumplir condena sin haber devuelto nada.
Caso Banesto: (1994) un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
Mario Conde, presidente del Consejo de Administración de Banesto, ingresó en prisión por los delitos de apropiación indebida, al haber estafado 7.000 millones de pesetas, y de falsedad documental y maquinación.
Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras públicas para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del InteriorJosé Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil deVizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
De los GAL también se desprenden el caso Lasa y Zabala, en el que los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueron torturados y asesinados en el año 1983. Por estas muertes fueron condenados el entonces comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, el exgobernador de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga y los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Eliseo Bayo.
El propio González fue acusado de ser el “señor X”, el dirigente del entramado GAL, pero nunca se demostró.
Caso Petromocho (1993): fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
Caso camisetas, Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, desvió 450 millones de pesetas del Ayuntamiento malagueño al equipo rojiblanco.
En abril de 2002 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de inhabilitación realizada por la Audiencia Provincial de Málaga contra Jesús Gil y ese mismo mes dimitió como alcalde de Marbella.
Caso Saqueo de Marbella, Jesús Gil se apropió de 4.200 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella, como contó el diario El Mundo. Tras la publicación de esta información, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Gil y Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo, entre otros.
Caso Atlético, La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Jesús Gil y otras seis personas, entre ellas sus dos hijos, por el fraude de unos 4.000 millones de pesetas y la apropiación indebida de casi 9.000 millones de pesetas pertenecientes al patrimonio del Atlético de Madrid. Gil fue condenado a tres años y medio de cárcel y obligado a devolver el 95 por ciento de las acciones del club.
Caso- La Cooperativa Promoción Social de Viviendas conocida como (PSV), fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal del sindicato UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
La cooperativa de viviendas se puso en marcha en 1988. En 1993 se declaró en suspensión de pagos, con 20.000 personas afectadas que habían pagado por unos pisos que no tenían. El dinero se había esfumado, nadie fue procesado.
En 1994 se fue digiriendo el entuerto con un multimillonario crédito concedido por el Gobierno de Felipe González a través del ICO. UGT nunca lo devolvió y en 2006 la deuda había llegado a sumar, entre capital e intereses, unos 150 millones de euros.
Y prácticamente lo mismo fue lo que el Gobierno del PSOE con Zapatero, aquel año, le adjudicó al sindicato como «patrimonio histórico».
Previamente, Gobierno y UGT ya habían pactado que esos bienes y derechos que el sindicato iba a recibir del Estado se los devolvería para saldar la deuda del ICO. Así se cuadraron las cuentas del escándalo de la cooperativa de viviendas UGT, a costa de las arcas públicas.
El 24 de noviembre de 2006, el Consejo de Ministros sustanció la entrega de bienes y derechos a UGT por un valor total de unos 155 millones de euros. Y en cuanto los recibió del Estado se los traspasó al ICO. Poco después, el Instituto de Crédito Oficial y el PSOE negociaron privadamente la compra-venta de diez de esos inmuebles.
En el año 2010 se acabaron formalizando todas estas compra-ventas en favor del PSOE, que el ICO realizó por la vía «excepcional» de la adjudicación directa, sin concurso público.
No existía tal tasación en vigor en ninguno de los diez inmuebles que el ICO vendió al PSOE y, además, el precio fue un 20 por ciento inferior a las últimas valoraciones que se habían hecho.
Estas operaciones inmobiliarias chocan con la Ley de Financiación de Partidos. Para evitar que se produzcan operaciones encubiertas de financiación ilegal, la ley vela especialmente porque a la hora de comprar inmuebles las formaciones políticas lo hagan a valor de mercado, y esto no se hizo.
Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Fue indultado en dos ocasiones. Primero, en 1995, tras una primera sentencia que le condenaba a seis años de cárcel, gracias al Gobierno de Felipe González. Por segunda vez, en 2011, por Zapatero, tras la repetición del juicio y la ratificación de la pena de tres años por parte del Tribunal Supremo. Los hechos por los que fue condenado se produjeron durante su primer mandato (1987-1990), al que accedió tras liderar las listas cántabras de Alianza Popular.
Hizo 2 amnistías fiscales, en 1984 con Miguel Boyer al frente del Ministerio de Hacienda, la de Carlos Solchaga en 1991.
La Agencia Tributaria (se constituyó en 1992), que precisamente se creó para hacer los cambios normativos tributarios necesarios para que los ciudadanos se pusiesen al día.
Durante el mandato de Felipe González, se concedieron 5.944 indultos entre 1982 y 1996, es decir, una media de unos 425 indultos por año, de los cuales en torno a una docena fueron a condenados por corrupción.
Algunos de los más llamativos de este período fueron el del expresidente cántabro del Partido Popular, Juan Hormaechea, condenado por malversación de caudales públicos, o el de Alfonso Armada, uno de los cabecillas del intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981, condenado a 30 años de cárcel.
También fue protagonista tras recibir la medida de gracia el expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, que lo llegó a recibir en dos ocasiones. La primera tuvo lugar durante el mandato de Francisco Franco, después de ser condenado por el homicidio involuntario de 58 personas, al hundirse un restaurante del que era propietario, mientras que la segunda sí fue decretada por Felipe González, tras una condena por estafa, evitando que Gil fuera a la cárcel por vender una parcela que estaba embargada
Felipe Gonzalez pierde las eleciones en 1996, fue elegido diptado por última vez en el año 2000 por Sevilla.
Fue ‘fichado’ en diciembre de 2010 por Gas Natural Fenosa, participada al 30% por Repsol, precisamente una de las empresas que inició su privatización.
A principios de 2014, el ex presidente ‘explotó’ y dijo públicamente que se aburría en el consejo de la gasista catalana. Su salida parecía cantada para la junta de accionistas, pero una triquiñuela legal le ha permitido seguir cobrando un año más.
Cobraba brutos al año 126.500 euros, de forma que cuando abandone el cargo, habrá ingresado más de medio millón de euros: en concreto, unos 566.000 €.
También cobra la paga vitalicia por ser expresidente del gobierno de 79.400€, coche oficial, chofer, escolta, un asistente, un secretario, y viajes gratis en cualquier medio de trasporte.
El PP gano las eleciones a Felipe Gonzales en el año 1996 Gobernando Jose María Aznar( 1996- 2004) que aceleró la privatización , se deshizo de las joyas de la Corona: Endesa, Tabacalera (ahora en Altadis), Repsol, Telefónica, Gas Natural, Argentaria (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial), Indra, Retevisión, Aldeasa, Aceralia, Red Eléctrica, Iberia, Santa Bárbara algo que ya había iniciado su predecesor en el cargo Felipe Gonzalez.
Solo un año después de ganar las elecciones, en 1997, el PP empezó a vender. Bajo su mandato, pasaron a manos privadas las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte, telecomunicaciones... en total se privatizan unas 50 empresas.
En esta época, el Estado pierde definitivamente Telefónica, Gas Natural, Repsol, Endesa, Argentaria (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial), Tabacalera, Indra, Retevisión, Aldeasa, Aceralia, Red Eléctrica, Iberia, Santa Bárbara, Trasmediterránea y una larga lista de casi cincuenta empresas que reportaron unos ingresos al de más de cuatro billones de pesetas
Estas empresas tienen hoy día unas ganancias multimillonarias y de ser públicas contribuirían sin duda a paliar el déficit y a garantizar las prestaciones básicas del Estado de bienestar que demanda la ciudadanía.
Algunas de ellas (como Endesa o parte de Repsol) han pasado a manos de otras naciones que toman decisiones sobre sectores estratégicos españoles. Y, además, cada día contemplamos cómo se suben las tarifas desmesuradamente, cómo se hacen más laxos los cumplimientos medioambientales, cómo ahorran en los mantenimientos, cómo, en muchos casos, se reduce drásticamente la calidad de los servicios, cómo se minimizan las inversiones e innovaciones tecnológicas.
Y todo ello con una garantía fraudulenta de reversión. Al tratarse en su mayoría de empresas que sostienen servicios indispensables, si se vieran en algún momento en apuros, entonces el Estado estaría obligado a intervenir y a salvarlas de la ruina. Es lo que ha pasado con la banca o lo que está pasando con las autopistas de peaje, cuyo rescate puede suponer un desembolso de más de 5.000 millones de euros para las arcas públicas, y eso tras negociarse una quita con la banca del 50 %. Para hacerlo posible se creará una sociedad de capital 100 % público que, cuando esté saneada, se pondrá de nuevo a la venta, para que otros se queden con lo mejor del pastel. Y vuelta a empezar.
En 1997 España se incorporaría, oficialmente, de la mano de José María Aznar a la estructura militar de la OTAN y se acordó que EEUU podría instalar armas nucleares en el país.
EL 20 de marzo de 2003 el trío de las Azores —George W. Bush, Tony Blair y José María Aznaz invaden Irak Era una invasión ilegal, no autorizada por la ONU y rechazada por Alemania, Francia y otros países de la propia OTAN.
El ‘No a la Guerra’ movilizó en 2003 como nunca antes a millones de personas en el Estado español; el 85% de la población rechazaba la intervención militar
Sin embargo, ni Aznar ni Blair ni Bush tuvieron que responder ni ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya ni ante tribunal alguno.
El expresidente del PP no ha pedido perdón, como Bush y Blair, por las mentiras que llevaron a la guerra de Iraq. Tampoco ha tenido que pasar por ningún tipo de comisión de investigación ni proceso judicial por impulsar una guerra que provocó cientos de miles de muertos.
A pesar de sus políticas neoliberales agresivas, solo estuvo dos huelgas generales. En el año 2002, contra la reforma del subsidio de desempleo. En el año 2003, contra la participación de España en la Guerra de Irak y sus efectos económicos.
Los casos de corrupción fueron numerosos.
El Partido Popular se ha convertido en una organización criminal. Y no lo decimos nosotros, lo ha sentenciado el juez de la Audiencia Nacional encargado de la trama Gürtel que ha condenado a la organización conservadora por un delito de partícipe a título lucrativo. Con esto, el PP se convierte en el primer partido político europeo condenado por corrupción.
Más de la mitad de los ministros de España entre 1996 y 2004 -durante los Gobiernos de José María Aznar- han estado relacionados o salpicados en alguna ocasión por algún escándalo de corrupción.
En concreto, 22 de los 34 elegidos por el actual presidente de Honor del Partido Popular para pilotar el país. Por el momento, dos ya pasaron o están en la cárcel (Jaume Matas, Rodrigo Rato,y el extesorero Barcenas)
El resto de miembros del Gobierno se ha visto salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la “Popular” caja B de Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del magistrado Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque en el auto no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado.
Las cantidades oscilan entre los 1,58 millones de euros, que supuestamente el entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría cobrado, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en Pilar del Castillo, ex ministra de Educación.
Cristóbal Montoro, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio, Jaume Matas, Javier Arenas completan el elenco, según el instructor del caso Gürtell, y habrían cobrado numerosos sobresueldos, incluido José María Aznar que se podría haber embolsado cerca de los 800.000 euros.
El Partido Popular tiene tres casos de corrupción abiertos de importancia. Bárcenas, Gürtel y Púnica. Las cantidades defraudadas serían de 50 millones de euros en el primer caso, 120 millones el segundo y 250 millones el tercero. En total 420 millones de euros.
En España encontramos nada más y nada menos que 387 casos de corrupción. Una cifra vergonzosa que el PP ha querido protagonizar, pues la formación aporta 193 casos, acaparando así la mitad de la corrupción. La medalla de plata es para el PSOE con 77 casos y la de bronce para el PNV con 16.
Las cifras se agravan cuando descubrimos el coste de la corrupción por partido. El partido que preside Casado copa el 86% del coste, lo que supone 122.038 millones de euros. Muy por detrás le siguen los socialistas con un coste de 10.566 millones de euros, y Convergencia Democrática de Catauña (CDC) a 5.078 millones de euros.
Por Comunidades, Andalucía es la Comunidad Autónoma con más casos de corrupción con 74 bajo el paraguas socialista. Con el sello de la gaviota le siguen la Comunidad Valenciana con 56 y la Comunidad de Madrid con 44.
Respecto al coste por corrupción en el ámbito estatal, las corruptelas nacionales se llevan la palma con 109.422 millones de euros. La Comunidad de Madrid saca pecho encabezando la clasificación regional y demuestra que roba a lo grande dejando una cifra de 46.982 millones. Valencianos y Gallegos le siguen con 14.552 millones y 11.940 millones respectivamente.
Durante el gobierno del Partido Popular, José María Aznar, llegó a conceder 5.948 indultos –cuatro más que Felipe González– entre los años 1996 y 2004, llegando a ser el dirigente que más indultos firmó en sus años de mandato, con más de 700 al año. Además, el Ejecutivo de Aznar también ha sido el que más indultos ha dado a condenados por corrupción, llegando a los 139.
Entre sus ‘perdones ‘más polémicos está el de 10 de los 12 condenados por el secuestro de Segundo Marey en 1983 –los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) lo confundieron con un dirigente de ETA, Mikel Lujua, y le tuvieron diez días encerrado. Algunos de los indultados por esta causa fueron un exministro del Interior, José Barrionuevo, y un exsecretario del Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que formaron parte del Gobierno de Felipe González. Barrionuevo fue el primer exministro de la democracia que ingresó en prisión.
Asimismo, el Gobierno popular también concedió esta medida a Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores, condenados por el caso Filesa –un escándalo de financiación ilegal, a través de empresas, del PSOE a finales de los años 80, donde se inflaron contratos públicos a cambio de comisiones.
En el año 2000, otro de los indultados fue el juez Javier Gómez de Liaño, que procesó a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y a todo el Consejo de Administración de Sogecable por un presunto delito de apropiación indebida y, más tarde, fue condenado por un delito de prevaricación. Aznar lo otorgó a pesar de que el Tribunal Supremo desaconsejó la medida de gracia.
En el año 2004, el PP pierde las elecciones, y las vuelve a ganar el PSOE, siendo su candidato José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde junio de 2006 es consejero del grupo de medios del magnate Rupert Murdoch, News Corporation. Por esta labor percibió el año pasado 171.300 euros.
Desde 2011, José María Aznar es asesor externo de la cúpula directiva de ENDESA, la empresa que él privatizó. A cambio, el ex presidente del Gobierno percibirá más de 200.000 euros al año, aunque podrían llegar a los 300.000 euros dependiendo de los objetivos alcanzados, ocupándose principalmente de la estrategia en Latinoamérica.
Aznar sigue cobrando su pensión vitalicia por haber sido presidente de Gobierno, de 80.000 €. A parte, tienen derecho a que dos personas trabajen en su equipo: disponen de un asistente y un secretario. Además cuentan con un automóvil con chófer, escolta y seguridad. Y viajar gratis en cualquier medio de transporte también es un privilegio del que disfrutan los cuatro expresidentes.
Fue a partir del gobierno de Zapatero en el 2004, cuando hizo suyas el PSOE las tesis neoliberales), contribuyó enormemente a la crisis social y medioambiental que estamos viviendo en España.
El gobierno Zapatero representó en España la Tercera Vía (la vía que habían seguido Bill Clinton en EEUU, Tony Blair en el Reino Unido y Gerhard Schröder en Alemania), y que era la incorporación de la ideología neoliberal en las políticas de la socialdemocracia europea y del Partido Demócrata en EEUU.
Tales políticas neoliberales, como las reformas laborales regresivas, las políticas de “austeridad” con recortes de los servicios y transferencias del Estado del Bienestar, la privatización de los servicios públicos, la incorporación masiva y sin control, de mano de obra barato y explotado a través de la inmigración, perjudicando enormemente a los trabajadores Asturianos, que muchos tuvieron que emigrar en busca de mejores condiciones laborales etc. Se acentuaron todavía más a partir del segundo mandato de Zapatero (2008-2011).
Siguiendo tal ideología neoliberal, el PSOE gobernado por el Sr. Zapatero recortó los impuestos, creando un agujero enorme en las cuentas del Estado (agujero de 27.223 millones de euros) que, al aparecer en toda su intensidad como resultado del descenso del crecimiento económico al iniciarse la Gran Recesión( 2007) forzó a su gobierno (del PSOE) a llevar grandes recortes del gasto público social (en temas tan importantes como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y muchos otros servicios), así como una reducción muy notable de las transferencias públicas (congelando las pensiones, rebajando un 5% el salario de los trabajadores públicos), que garantizan el bienestar de la población).
En 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, Hacienda conoció la existencia de cuentas opacas en el HSBC en Suiza. El Gobierno instó a los titulares a que regularizan las cuentas, entre ellas de la familia Botín. Los inspectores denunciaron ese trato de favor consistente en avisar a los defraudadores.
Zapatero (PSOE) es el que menos ha privatizado, sobre todo porque la gran mayoría de los planes que puso en marcha ya en el final de su mandato no se llegaron a concretar. A finales de 2010, por ejemplo, el Ejecutivo socialista anunció la gestión privada de los aeropuertos de Madrid y Barcelona
Se reformó la Constitución el 23 de agosto de 2011, en 24 horas, por el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La reforma contó con el apoyo de los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, así como por Unión del Pueblo Navarro
Dicha reforma modificó el artículo 135 de la Constitución española estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado( sanidad, pensiones, educación, servicios sociales etc) en los presupuestos generales, sin enmienda.
Los indultos de José Luis Rodríguez Zapatero ascienden hasta los 3.381 indultos entre 2004 y 2011, algo menos de 500 al año, siendo el segundo que más medidas de gracia otorgó a los presos por corrupción –62 indultados–.
Uno de los más destacados fue el que concedió al banquero Alfredo Sáenz, exconsejero del Banco Santander, una medida que también contó con el informe desfavorable del Tribunal Supremo.
Además, el Gobierno de Zapatero firmó un segundo indulto para Juan Hormaechea, después del concedido por Felipe González tras ser condenado por malversación de caudales públicos.
También contó con numerales casos de corrupción, siendo los más destacados los ERES fraudulentos de Andalucía.
Se produjeron durante los años 2002 Y 2009. Se trata de una red de corrupción vinculada al gobierno autonómico y que se destapó gracias a que fueron detectadas prejubilaciones fraudulentas.
Estas prejubilaciones fraudulentas, fueron cometidas por parte de los sindicatos ( UGT, CCOO) y del PSOE.
También se cometieron ayudas fraudulentas a empresas, cursos de formación fraudulentos, y otros fraudes, llegando lo defraudado a 679 millones de euros.
Las prejubilaciones fraudulentas, consistían en incorporar a empresas públicas (autonómicas o municipales) que estaban en regulación de empleo (ERE), a familiares, miembros del partido y sindicato, amigos, cobrar el sueldo sin aparecer por la empresa en muchísimos casos, y a los seis meses prejubilarlos, si tenían la edad, si non, estaban más tiempo cobrando de la empresa hasta alcanzarla.
Este fraude era posible, porque los expedientes no pasaban por ningún juzgado de lo social, ya que si es empresa pública y hay acuerdo entre empresa y sindicatos, el expediente se realiza directamente.
El Tribunal de Cuentas ha acordado el embargo de bienes de UGT por valor de 9,74 millones de euros, cantidad que se reclama a este sindicato en el expediente abierto por su presunta responsabilidad contable derivada del caso de los ERE de Andalucía.
Parte de la suma exigida —2,8 millones de euros— se reclama de forma conjunta y solidaria a UGT y a la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CC OO)
En un primer fallo de la Audiencia de Sevilla sobre la conocida como pieza política condenó a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los ex consejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo.
Esta sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Supremo, establece penas de cárcel e inhabilitación, pero no fija ninguna condena económica ni obliga a indemnizar a la Junta por el saqueo de los ERE. Así, los 19 ex altos cargos condenados no tuvieron que devolver ni un céntimo de euro de todo lo defraudado. Solo las costas judiciales, pero cero euros a cuenta de los 679 millones de euros malversados del botín de los ERE.
La culpa de que fuera así la tuvo la Junta de Andalucía. Durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta del Gobierno Andaluz, los abogados de la Junta hicieron una maniobra procesal que generó gran polémica. Se apartaron de la pieza política, se reservaron el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles y no acusaron a ninguno de los 19 ex altos cargos.
Al apartarse del juicio, la Junta bloqueó que la Fiscalía pudiera pedirles las fianzas millonarias que inicialmente les había exigido y la dejó atada de manos para reclamarles a los acusados el dinero desviado en los ERE y que indemnizaran a la Junta.
El Caso Montilla, la condonación por parte de La Caixa de una deuda de 6’5 millones de euros pendiente de liquidar por parte del PSC.
Caso de las facturas falsas: presunto enriquecimiento personal y financiación ilegal del PSOE de Sevilla con dinero público a partir de facturas falsas e infladas por parte del alcalde Alfredo Sánchez Monteserín y sus colaboradores.
En 2011, perdió las elecciones en favor de Mariono Rajoy .
El expresidente Zapatero , goza de los mismos privilegios que los otros expresidentes.
Las políticas neoliberales de los gobiernos Rajoy ( 2011-2018) en España, hicieron mucho daño a las clases populares, han creado una enorme precariedad y una bajada de salarios sin precedentes, lo cual ha dado lugar a algunas situaciones muy alarmantes, tales como el marcado deterioro del nivel de vida de las clases populares (que son la mayoría de la ciudadanía), siendo hoy más bajo que al inicio de la Gran Recesión.
Contribuyendo a este deterioro ha habido, además, grandes recortes del gasto público social (en temas tan importantes como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y muchos otros servicios), así como una reducción muy notable de las transferencias públicas (como las pensiones, que garantizan el bienestar de la población).
El sr Rajoy se ha ocupado a fondo en que los más pudientes estuvieran contentos con su gestión. Recortándoles los impuestos, concediéndoles una amnistía fiscal y sobre todo protegiendo sin límites los intereses de los bancos y de las grandes empresas, manteniendo todo tipo de apoyos fiscales y subvenciones, tolerando prácticas oligopólicas y haciendo todo lo que podía, entre otras cosas poner mucho dinero, para que no se marcharan las multinacionales, que hoy por hoy controlan lo sustancial de nuestra industria.
La reforma laboral de Mariano Rajoy 2012 permitió que se pudiera despedir por descenso de los beneficios aunque no hubiera pérdidas, redujo la indemnización por despido de 45 días por año a 32 actualmente vigente.
Amnistía fiscal.
A la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2012 se acogieron 31.484 contribuyentes que tenían dinero oculto sin declarar. Hizo aflorar unos 40.000 millones de euros y supuso una recaudación de 1.200 millones para las arcas del Estado (la mitad de lo previsto).
La medida de Cristóbal Montoro pretendía recaudar el 10% del dinero oculto pero se quedó en el 3% de media
Las informaciones que se publican en Los Papeles de la Castellana desvelan que algunas fortunas pagaron incluso menos de un 2% por legalizar ante el fisco su patrimonio oculto.
También revelan esos papeles, que 705 personas con cargos públicos se acogieron a la amnistía fiscal, de las que por ahora solo se conocen algunos nombres como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Francisco Granados.
Jose Angel Fernández Villa, fue otro de ellos, que ocupo cargos muy importantes en el PSOE, y en el sindicato SOMA UGT, siendo el máximo responsable durante décadas, con 1,2 millones de euros, que no pudo justificar.
Los dos hijos del expresidente catalán Jordi Pujol (Josep y Oleguer) y el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, el empresario Fernando Martín.
Otros cinco imputados en Gürtel (entre ellos, un exconsejero y un exdiputado del PP madrileño) regularizaron el dinero que tenían en Suiza.
Corrupción
Durante el gobierno de Mariano Rajoy, se produjeron muchísimos casos de corrupción. Pero el más importante fue el caso Gürtel
El llamado “caso Gürtel” es la mayor trama de corrupción de España en tiempos de democracia y que provocó la destitución del presidente del gobierno español Mariano Rajoy.
Se trata de corrupción a gran escala: una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP) en diversas partes de España, .
El caso derivó en muchas piezas, la más importante de todas ellas se centra en la financiación irregular del PP como formación.
La moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se celebró el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018.
El secretario general del PSOE ha tenido el apoyo de su partido, de Unidos Podemos, de ERC, de PNV, de Compromís, de PDeCAT, de Bildu y de Nueva Canarias. Un total de ocho partidos diferentes.
Sánchez es el primer presidente que llega al poder tras una moción de censura, y también el primero que es investido sin ser diputado.
Mariano Rajoy acaba de convertirse en el primer presidente del Gobierno de la historia reciente de España en perder el cargo tras una moción de censura por corrupción de su partido.
Mariano Rajoy solo renuncia a su sueldo vitalicio de 80.000 euros, incompatible con el desarrollo de una actividad privada de registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante). Un puesto en el que solo tuvo que estar un mes, consiguiendo el traslado al Registro Mercantil número 5 de Madrid..
Tiene su prestación de ex presidente del Gobierno que podrá disfrutar de una asignación de unos 75.000 euros anuales para mantener una oficina, un coche oficial y personal de seguridad. Un trato VIP que, en el caso de fallecer, podría disfrutar su viuda si lo solicita. Ningún ex presidente del Gobierno ha renunciado a esta dotación.
Pedro Sánchez Gobierna desde Enero de 2020 como presidente del Gobierno en coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Este gobierno de coalición, se caracterizó por la situación de pandemia que estamos viviendo, teniendo que tomar decisiones mui difíciles, que en algunos momentos resultaron polémicas. En sectores como la hostelería o el turismo.
Podemos, para entrar en el gobierno de coalición con el PSOE se estuvo que moderar mucho, a pesar de esa moderación, sufrió una persecución y acoso nunca vista en la historia de la democracia, en especial su líder y ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, con insultos, falsedades, calumnias, manipulaciones, manifestaciones a diario delante la vivienda, aireaos por los medios de comunicación de la derecha.
Actualmente Pablo Iglesias no tiene ningún cargo público.
Durante el gobierno de coalición, se consiguieron cosas importantes, como un compromiso para revalorizar las pensiones con el IPC, subir el salario nímimo.
La Ley contra el Fraude, que prohíbe las amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav, votando en contra PP y VOX.
La Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia fue aprobada el pasado mes de marzo de 2012 en el Congreso, a pesar del veto de PP y Vox.
Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Tímida reforma laboral, no era lo que prometieron, ya que lo más importante sigue vigente.
El ERTE. El Expediente Temporal de Regulación de Empleo, más conocido como ERTE, es una de las soluciones para atajar la crisis económica que les está provocando la rápida expansión del coronavirus causante de la COVID-19.
Mientras dure el ERTE los trabajadores tienen derecho a cobrar el paro, hayan o no cotizado los 360 días que con carácter general se exigen para poder acceder a esta prestación.
Indultos Los más polémicos fueron a los nueve presos independentistas del procés Catalán, que llevaban más de tres años en la cárcel. Una medida con la que gran parte de la sociedad española no está de acuerdo.
Pedro Sánchez es, hasta el momento, el presidente de la democracia española que menos indultos ha concedido, siendo solo 70 indultados, la mayoría por delitos contra el patrimonio.
Sin embargo, su Gobierno rompió en 2019 la tendencia descendente de la concesión de las medidas de gracia, llegando hasta los 40 indultados, más del doble que el año anterior.
Además, el Gobierno concedió 30 indultos en 2020 pese al parón administrativo por la crisis sanitaria, incluyendo el caso de un exalcalde del PSOE y otro del primer condenado a cárcel por gases de efecto invernadero.
Pedro Sánchez prometió hacer pública la lista de amnistía fiscal pero nunca lo hizo. Los papeles de la Castellana, que es una filtración a la prensa de 38.598 documentos relacionados con clientes de varios despachos de asesoría fiscal situados en el paseo de la Castellana, en Madrid.
Entre los documentos se incluyen declaraciones fiscales, correos electrónicos y diferentes informaciones relacionadas con empresas, funcionarios públicos y grandes fortunas de todo el Estado.
En esos papeles aparece que 705 personas con cargos públicos se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, por lo que seguramente hay gente importante de su partido, solo sabemos el de José Angel Fernández Villa, hombre fuerte del PSOE en Asturias y del sindicato SOMA- UGT.
El PSOE fiel a su política neoliberal, tapo todos los casos de corrupción del rey emérito, permitiendo que regularizara su situación, para no ser acusado de delito fiscal.
También tumbó una comisión de investigación en el Congreso, y todas las iniciativas democráticas, para que diera explicaciones por el dinero tenía o tiene en paraísos fiscales.
También tumbó todas las iniciativas democráticas para favorecer el bien social, como un impuesto a las grandes fortunas, la creación de una empresa pública de energía, la creación de un banco público etc.
EL NEOLIBERALISMO TRIUNFÓ POR:
LA TRAICIÓN DE LOS PARTIOS SOCIALDEMOGRÁTAS
En España representados por el PSOE, que traiciono su ideología, al suprimir el término Marxista, su historia, a sus militantes que muchos fueron asesinados, sufrieron cárcel, exilio, represión por defender unos ideales socialistas, a sus votantes, a sus programas electorales, causando un enorme perjuicio económico y social a las familias.
Hoy el PSOE, es un partido sin ideología ni sentimientos sociales, totalmente integrado en los grandes capitales financieros y empresariales especulativos, sin ningún tipo de moral, no busca el interés ni el beneficio social.
La Tercera Vía significó un cambio radical en el proyecto socialdemócrata del PSOE, que al menos en sus documentos fundacionales, se definía como socialista, intentando conseguir el socialismo a través de la vía democrática. El partido adoptó la ideología y la narrativa neoliberal, la ideología generada por el gran mundo empresarial en las órbitas financieras y económicas especulativas internacionales, causando un enorme daño a las clases populares.
Miguel Sebastián y Jordi Sevilla, son dos de los economistas más influyentes en el gobierno Socialista de Zapatero, que consolidaron la ideología neoliberal.
Jordi Sevilla había escrito un libro, De nuevo socialismo, en el que ridiculizaba lo que él llamaba socialdemócratas tradicionales, por utilizar términos y categorías tan pasados de moda como “clase trabajadora” (en lugar de clase media) Lo que los “modernistas” del PSOE querían era hacer olvidar algunos conceptos y estrategias clave en el proyecto socialista, definiéndolos como “anticuados, ensalzando la ideología neoliberal.
EL CONTROL POLÍTICO A TRAVÉS DE LAS DROGAS
Los Países Occidentales, que están bajo la influencia de EEUU, de la cual forma parte España, tienen una política económica y social similar, que incluye el control político a través de las drogas.
Estamos viviendo una serie de cambios económicos y sociales muy fuertes, que son para peor.
Esos cambios económicos y sociales se manifiestan, en una pérdida del poder adquisitivo de las clases más desfavorecidas.
En una acumulación de riqueza en manos de poca gente.
En un empobrecimiento de las familias, por una parte, por la vía de las hipotecas, por otra, por las privatizaciones del sector público (40% menos de sueldo, menos pensión de jubilación, peores condiciones laborales, que si fueran trabajadores públicos)
En una pérdida de derechos y libertades, como la liberalización del despido, la ley mordaza.
En el esclavismo de la mano de obra, motivada por las deudas.
En la importación masiva de mano de obra barato a través de la inmigración (cuando aquí había 2 millones de parados) provocando una bajada de sueldos y peores condiciones laborales.
La deslocalización de la industria a países donde se explota con crueldad a los trabajadores (China, India,Vietnam etc.) beneficiando a los grandes grupos financieros (industria , textil, grandes superficies etc) que compran a 5 en esos países y venden a 100 aquí, arrebatando a los trabajadores las conquistas sociales ganadas con muchos años de lucha y represión, llevando a los pueblos a la miseria.
Saqueo del sector público (Telefónica, Endesa, Repsol, Cajas de Ahorros etc) para ponerlo en manos de la especulación.
Para conseguir estos objetivos por parte del Poder y los que vendrán en el futuro, hace falta que no haya inquietud política ni social, que se manifiesta principalmente en la gente mozo, que es a dónde van dirigidas las drogas.
Las drogas hacen a la persona perder toda capacidad de lucha y preocupación por los problemas sociales
Por eso, las drogas son una herramienta perfecta que usan tolos los gobiernos para mantener esta situación de calma política y social.
Lo que más miedo da a los gobiernos es el fuego que puede encender una iniciativa de cambio político y social, por eso consienten y potencian con total impunidad toda clase de drogas.
Las drogas están controladas por los servicios de información de todos los Gobiernos, por lo tanto por los partidos políticos que llegan al Poder, ya que los políticos son los jefes de los jueces, de la policía, son los que hacen las leyes, los que las mandan cumplir.
Las potencian en los sitios donde más les interesa, como ambientes de juventud y marginales, zonas en declive industrial, ambientes nacionalistas etc.
La mocedá Asturiana, son víctimas de este sistema neoliberal que los asesina, margina (cárcel, rechazo social) y les deja secuelas permanentes, produciendo un enorme dolor y ruina a sus familias.
En el Ensame Socialista Astur, estamos luchando por solucionar este genocidio que están haciendo a la mocedá Asturiana, de la cual los políticos no quieren ni oír hablar de solucionar, porque se les viene abajo el sistema.
Apoyamos a la Asociación La Familia Asturiana contra la Droga, (Facebook-Lafaedas) de la cual algunos militantes son miembros, porque están viviendo el problema en la familia, entre todos no vamos a parar hasta conseguirlo.
POR EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación son la herramienta perfecta para tener poder. En una democracia son más importantes que el poder financiero, ya que son los manejan la opinión de la gente, por lo tanto, el apoyo social, permitiendo a los partidos corruptos llegar y mantenerse en el poder.
El artículo sobre los medios de comunicación está esta página
RESUMEN
El sistema económico neoliberalismo, está sustentado en la acumulación de riqueza en manos de poca gente a través de :
El expolio de todos bienes y servicios públicos, la explotación sin control de los recursos naturales (mina de oro de Salave), el deterioro del medio ambiente etc. La corrupción financiera, empresarial, política, sindical, judicial a todos los niveles. Los casos de corrupción que se descubren y salen a la luz pública, representan solo el 20% de los reales. Un 80% de los casos nunca se descubre, quedando impune.
Un dato importante, la doctrina Botín es una demostración de la protección del Estado a la Banca.
La explotación de los trabajadores, a través de reformas laborales regresivas, la proliferación de los trabajadores temporales sobre los fijos, y la privatización de empresas públicas. Esos trabajadores de empresas privatizadas tienen un 35% de sueldo, menos pensión de jubilación (cotizan menos) y peores condiciones laborales que si fueran trabajadores públicos.
Consecuencias sociales como, empobrecimiento de las familias, explotación laboral y financiera, encarecimiento de los recursos energéticos (luz, agua, gas, gasolina etc), encarecimiento de la vivienda por la especulación inmobiliaria, confictividad social provocando sensación de miedo (delincuencia, droga, marginalidad etc.) siendo mayor en los barrios trabajadores.
Inmigración descontrolada, cuando aquí había 2 millones de parados trajeron a 8 millones, ya que es mano de obra barato y explotado, para eso los trajeron, perjudicando enormemente a las clases trabajadoras, con bajada de sueldo y peores condiciones laborales, provocando que muchos trabajadores Asturianos tuvieran que marchar fuera buscando mejores condiciones laborales.
Esas consecuencias sociales provocadas por la aplicación de este sistema económico, neoliberalismo, son aprovechadas por la extrema derecha de toda Europa con gran éxito, teniendo un enorme crecimiento, a costa del voto de las clases trabajadoras que antes votaban a la izquierda.
Estas clases trabajadoras se sienten traicionadas y abandonadas por los partidos tradicionales que dicen que son de izquierda, y compran ese discurso fácil de la extrema derecha, fruto de la desesperación.
La extrema derecha tiene un gran crecimiento en las zonas turísticas. Su economía está orientada al turismo, es su medio de vida. Muchos de los municipios turísticos, han recibido una fuerte llegada de inmigración sin ningún control. Las bolsas de pobreza, delincuencia y marginalidad, es muy negativo para el turismo.
VOX tienen un voto de renta alta y otro de renta baja, seduciendo a la par a las clases más adineradas y los sectores más empobrecidos.
La extrema derecha está fuertemente financiada por los grandes poderes económicos, que ven en ellos la seguridad de sus intereses.
Otro factor importante para la extrema derecha es el apoyo de los medios de comunicación, trasmitiendo sus mensajes. Apareciendo ante la opinión pública como un partido que da seguridad ciudadana, lucha contra la inmigración y los derechos de los trabajadores, y está presente en la vida de la comunidad.
El problema no está en aislar a la extrema derecha, si no, solucionar estos problemas sociales, que son los que provocan ese apoyo.
Si se aísla a la extrema derecha y no se soluciona el problema social, cada día tendrán más apoyo, serán más fuertes y será más difícil combatirlos.
Estas políticas neoliberales están hoy presentes en todos los organismos públicos, Gobierno Central, Gobiernos Autonómicos, y Ayuntamientos, respaldadas por todos los partidos políticos con representación Institucional, en Asturies representados por PP, PSOE, PODEMOS, PCE-IU, CIADADANOS.
El partido nacionalista Ensame Socialista Astur, nada más entrar en las Instituciones, una de las prioridades es hacer los Gobiernos más sociales, e ir recuperando para lo público todo lo que se nos arrebató, llevando el bienestar a las familias.
ENSAME SOCIALISTA ASTUR
(ESTAYA POLÍTICA)
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