ORDEN PÚBLICO DESDE LO PÚBLICO

 

ORDEN PÚBLICO DESDE LO PÚBLICO

En Asturies, tenemos un  problema muy grave de orden público, que afecta a la economía de las familias, empresas, autónomos, y al gasto social, vamos trabajar fuerte por solucionar desde lo público cuando entremos en las Instituciones.

El orden público es un derecho Constitucional (Artículo 104 de la Constitución),  es una  parte importante  del estado del bienestar,  los encargados de mantenerlo son los políticos  desde las Instituciones Públicas, pero la aplicación de su política económica neoliberal, impide mantenerlo desde lo público.

El actual modelo económico neoliberalismo (política económica de la derecha) adoptado por los partidos políticos con  posibilidades de Gobernar (PP, PSOE)  impide que se cumpla este artículo de la Constitución. La Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas el mantener el orden público.

Uno de los postulados del neoliberalismo es menos estado, esto es un caso claro de este postulado. La función que tenía que hacer el Estado la hacen las empresas de seguridad privadas.Este se nos fue arrebatado en beneficio de estas empresas, mueven muchísimo dinero que salpica a los políticos.

Un gobierno que no garantiza el orden público desde lo público, no tiene ningún tipo de credibilidad.

La privatización de la seguridad es un negocio basado en el miedo, operan 1.500 empresas, que mueve 3.000 millones de euros al año, se cruzan amiguismo, enchufismo  y corrupción, los políticos nunca van a solucionar.

Los jefes de las Fuerzas de seguridad (policía nacional, guardia civil, policías autonómicas, policía local) son los políticos, hacen lo que mandan los políticos en función de sus intereses, no les interesa garantizar el orden público desde lo público, teniendo que pagar dos veces seguridad, pública y privada.

Si se  pone un negocio y no se contrata seguridad privada, lo desmantelan, llegando también a las viviendas privadas.

Estas empresas de seguridad privada, nos bombardean a través de los medios de comunicación metiendo miedo a la población, haciendo ver que si no contratas seguridad con ellos no estas protegido, para ganar más, consentido por los políticos.

Utilizan las leyes que favorecen la ocupación como un elemento más de inseguridad, para vender sus productos (alarmas) y servicios (asistencia jurídica, vigilancia).

Los políticos hacen leyes que favorecen a estas empresas de seguridad privadas. El negocio de la seguridad crece en una sociedad que cada vez le concede más atribuciones.

El Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el apoyo de CiU y PNV, aprobó una Ley que permite a los vigilantes de seguridad privados patrullar por las calles, detener a sospechosos y pedirles los datos, o vigilar a presos. También podrán ayudar a la policía en el ejercicio de su función pública. Celebrada por el sector. Cuando una patronal abraza una ley, algo nuestro se nos arrebata.

Las compañías privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y también, más mano de obra a su alcance. La reducción de las plantillas de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicos, Policías Locales, es el empujón definitivo a un escenario que ha venido para quedarse.

Privatizan toda clase de organismos públicos como vigilancia y protección del perímetro de las prisiones, de centros militares sanitarios adscritos a Defensa, de todas las instalaciones de la Administración General del Estado, las mancomunidades de municipios , Administraciones Autonómicas, Ayuntamientos, todos los organismos públicos Municipales( casas de cultura, dependencias municipales, etc). Tienen seguridad privada

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, privatizó la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.

Diversas asociaciones de la Benemérita, como Unión GC y AUGC, han calculado encarecimientos cercanos al 200% en la seguridad exterior de las prisiones con la privatización

Estas empresas de seguridad privadas, son propiedad de las élites económicas y financieras, tienen poder político, que les van asegurar mantener el negocio, a costa del deterioro social.

Telefónica, la multinacional Española de telecomunicaciones más importante de Europa, la quinta a nivel mundial, compró en el año 2020 el 50% del negocio de alarmas de Prosegur (la mayor empresa de seguridad privada de España) por 305 millones, para introducirse en el negocio de la seguridad privada, poniendo su marca comercial Movistar, comercializándose como Movistar Prosegur Alarmas.

Telefónica es la puerta giratoria de los políticos, donde los políticos colocan a sus familiares y amigos. Del PP, como Andrea Fabra, Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato, Manuel Pizarro, el marido de Sáenz de Santamaría, la mujer de Rajoy, la hermana de Aznar.

Del PSOE, Javier de Paz, ex secretario de Juventudes Socialistas. Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno, Luis Solana

Ex diputado socialista, Trinidad Jiménez ex Ministra del PSOE,

También figura, la ex Presidenta del Gobierno de Navarra del (UPN) Yolanda Barcina, Iñaqui Urdangarín, en excedencia temporal.

Los políticos, son los que dan los contratos públicos, los que toman decisiones que afectan a estas empresas, tiene acceso a información privilegiada, los que legislan.

El mantener controlado a los políticos, es una parte importante de este negocio, basado en una dejación de las funciones del Estado. La seguridad ciudadana es un derecho fundamental establecido en la Constitución, siendo competencia del Estado.

Cuando una gran multinacional como Telefónica se mete en este negocio, es porque tiene futuro, es muy rentable, y tiene respaldo político.

La presidencia de Prosegur fue ocupada en diversos periodos por los exministros Martín Villa y Rafael Arias-Salgado

Prosegur, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725 contratos con la Administración General –según la documentación oficial.

Federico Trillo, asigno contratos a Prosegur por más de 7 millones de euros cuando era ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad, en Academias militares y en la sede de otras unidades del Ejército.

MassMutual Finantial Group. Es el nombre comercial de Massachusetts Mutual Life, pilar de la industria financiera en EEUU. Participa en Prosegur a través de su fondo Openheimer (5,66%). MassMutual es, además, propietaria de Barings, un legendario fondo de inversión controla el 64% de Casesa,  Casesa es una de las empresas que explotaba el servicio de escoltas en el País Vasco.

Entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, pertenece a un grupo empresarial propiedad de Bill Gates.

Gustaf Douglas y Melker Slöring. Ambos pertenecen a la aristocracia empresarial sueca y entre los dos controlan el 41,33% del accionariado de Securitas AB, matriz de Securitas, la segunda compañía del sector en España. Douglas también ejerce como político en el partido conservador sueco.

En España, la compañía ha sido denunciada y sancionada por malas prácticas en su publicidad, recurriendo al miedo a mayores como estrategia comercial también por esconder cláusulas abusivas en su contratación ,y por la falta de efectividad de sus sistemas de alarma..

 Securitas en 2012  obtuvo la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros cuando era presidente Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón.

MCH Capital. El fondo español de inversión MCH controla la mayoría del accionariado de Segur Ibérica, tercera firma del sector por facturación, que ha obtenido un buen número de contratos públicos, fue presidida por Pedro Morenés antes de que Rajoy le nombrara ministro de Defensa.

Ex secretario de Estado de Defensa del PSOE Constantino Méndez, que menos de un año después de dejar su cargo entró en el grupo de seguridad privada Segur Ibérica.

Ombuds concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios. En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga.

Mónica de Oriol e Icaza Es la primera mujer que preside el Círculo de Empresarios. Ostenta el 41,8% de Seguriber-Umano, propiedad de otra familia adinerada asentada en el País Vasco.

Familia Álvarez. De los 78.000 empleados que suma la multinacional Eulen, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada, en la que relacionan su amistas con la familia Mayor Oreja.

El presidente del partido ultra España 2000 en Valencia es copropietario de una empresa de vigilancia Levantina de Seguridad, donde trabajan algunos militantes. Con la nueva Ley de Seguridad Privada ahora pueden detener a personas en la vía pública.

El Corte Inglés, a través de su empresa de seguridad Sicor, y MásMóvil entran de forma conjunta en el mercado de las alarmas para el hogar en España.

La Once. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es propietaria de Vigilancia de Instalaciones (Vinsa), otra de las grandes del sector, englobada dentro del grupo de servicios Alentis.

Las personas que cometen actos de delincuencia, que propician el deterioro social,  y que benefician a estas empresas de seguridad privada, son un sector  muy pequeño de la población, perfectamente localizado, así, como las causas y los sectores sociales a los que pertenecen. Como consumo de drogas, una parte de la  inmigración, grupos sociales marginales.

LAS DROGAS.

Cerca del 75% de los actos de delincuencia tienen como causa  las drogas, contando la población nacional, extranjera y reincidentes.

Cuando se cometen actos de delincuencia y son detenidos, lo primero es hacerles un control de drogues a través de test, pero no lo hacen porque la ley lo impide, sabiendo que cuando quedan libres van volver a delinquir. Cuando acumulan unas cuantas detenciones son encarcelados. La reincidencia en estos casos es muy alta, creando inseguridad ciudadana, beneficiando a los políticos para justificar la privatización del orden público, en beneficio de estas empresas de seguridad privadas.

Desde el 2017 hay un aumento en el consumo de drogas, y esos consumidores son cada vez más jóvenes, lo cual es muy preocupante, propiciando un mayor deterioro social, coincidiendo con un aumento de la actividad de las empresas de seguridad privadas.

Los narcos de barrio, el último escalón de la cadena, son cada vez son más fuertes, por la impunidad en la que se mueven.

Las familias que tenemos la desgracia de vivir este problema social de la droga, nos sentimos totalmente abandonadas por  estos políticos deshumanizados que gobiernan las Instituciones. No tienen ni siquiera la decencia de escucharnos ni recibirnos, como lo está haciendo el Presidente del Principado el sr Barbón.   Este problema social tan grave carece de importancia para él.

Las leyes que tenemos  para combatir las drogas, están hechas para beneficiar a los narcotraficantes y el consumo de droga.

Los políticos que pueden cambiarlas no lo hacen, por los grandes intereses que mueve (políticos, económicos y sociales) y se les viene abajo el sistema.

Los políticos están permitiendo que se explote el mercado internacional de la droga como si fuera cualquier otro negocio legal.

Las empresas de seguridad privadas, junto con los políticos, los narcos, la banca, las empresas farmacéuticas, las fundaciones privadas y ONGes, que hacen programas terapéuticos, son los grandes beneficiarios del problema social de la droga, a costa de la vida y la salud de las personas, sufrimiento y ruina de las familias afectadas, y el enorme gasto social que genera.

Hay otra actividad delictiva que procede de los beneficios económicos de la droga cuyos beneficiarios son empresarios, partidos políticos (en Galicia,  el narcotráfico financió al PP y PSOE, salió publicado), funcionarios, Jueces.

 GRUPOS SOCIALES MARGINADOS

 Los actos de delincuencia quitando el motivo la droga, tienen como causa los grupos sociales marginados, como algunos  grupos de inmigración, algunos miembros del colectivo gitano, u otros grupos sociales marginales.

En primer lugar, la pobreza no justifica la delincuencia. Una parte de los inmigrantes que delinquen, vienen de contextos socioculturales donde la delincuencia está más presente y están más habituados a ella y a recurrir a ella. No es casualidad  que las bandas de delincuentes que hay en las ciudades vienen  de Países del Este o de Sudamérica. Crean inseguridad ciudadana y miedo, beneficiando a las empresas de seguridad privada .

Más adelante vamos sacar un documento sobre inmigración, donde ampliaremos este problema social, y daremos a conocer nuestras propuestas para la solución.

Grupos sociales marginales que cometen actos de delincuencia, hay que combatirlo con medidas sociales y disciplinarias.

La medidas sociales ya se están aplicando, pero estas personas marginales no las valoran,  como salario social. Medicinas gratis, ya que el que cobra salario social no paga las medicinas. Toda clase de ayudas a vivienda, luz, agua, alimentos ropa etc. Cursos de formación.

En cuanto a las medidas disciplinarias, vamos poner en marcha una serie de medidas para que se apliquen en Ayuntamientos y Principado.

Los políticos que están Gobernando  las Instituciones, al no querer ejercer el derecho Constitucional de garantizar el orden público desde lo público, actuando sobre los sectores sociales que lo provocan,  permitiendo que se meta miedo a la población creando  inseguridad ciudadana,  están  colaborando en el crecimiento de la extrema derecha fascista de VOX.

 La seguridad ciudadana, es un componente muy importante del estado del bienestar, valorándolo mucho los ciudadanos, que es aprovechado por la extrema derecha, trasmitiendo inseguridad, para su crecimiento.

 El fascismo, es la dominación (política, económica y social) de las clases sociales muy adineradas sobre la población, a través del miedo, la inseguridad ciudadana, la mentira, el odio, la manipulación, aprovechando el abandono de los ciudadanos por los partidos políticos que eran de izquierda.

Utilizan a los partidos de extrema derecha, en España representado por  Vox, a los que financian y ponen a su disposición todos sus medios de comunicación, para que les hagan su trabajo. Como esas clases sociales muy adineradas, les es imposible dar  un golpe de estado, porque estamos en una democracia, utilizan este sistema de control sobre la población.

RESUMEN

La aplicación de modelo económico neoliberalismo (política económica de la derecha), llegó también a la privatización del orden público.

Estas privatizaciones de todos los organismos públicos (empresas y servicios públicos, orden público, sanidad, educación, servicios sociales etc.) está produciendo un empobrecimiento de las familias, y un encarecimiento de los servicios públicos privatizados, siendo un coste mucho mayor que si se realizara desde lo público, afectándonos a todos.

Deterioran el orden público, promoviendo el consumo y tráfico de drogas, la inmigración descontrolada, los grupos sociales marginados, la reducción de personal y medios de las fuerzas de seguridad, el consentir meter miedo a la población, para así justificar la  privatización.

Una de las nuestras prioridades  nada más entrar en las instituciones, es recuperar para lo público, todos los bienes y servicios públicos que nos arrebataron, como  este derecho Constitucional, manteniendo el orden público desde lo público.

Somos pocos, la lucha va ser larga, por los grandes intereses económicos y políticos que mueve, y el nulo trabajo llevado hasta ahora por los partidos políticos que dicen creer y defender lo público.

ENSAME SOCIALISTA ASTUR

No Comments

Post A Comment