SITUACIÓN POLÍTICA DE CATALUÑA
El partido Nacionalista Ensame Socialista Astur, hacemos público este documento sobre la situación política que se está viviendo en Cataluña, recordando la historia reciente.
Cataluña vive una situación política de enfrentamientos, insultos, descalificaciones, acusaciones de traición, entre una parte importante del sector independentista y los partidos políticos ERC, JUNT, CUP, a los que acusan de traidores, de muy difícil solución.
Los ciudadanos Catalanes que están a favor de la independencia, actualmente es del 40% siendo superior en el 2017 año del referéndum, que se situaba en el 48%.
En el País Vasco el porcentaje baja considerablemente, situándose en el 23% los ciudadanos Vascos que están a favor de independencia, según la encuesta del Gobierno Vasco.
Recordemos la historia.
El Gobierno del Parlamento de Madrid, presidido por el Sr José Luis Rodríguez Zapatero, durante su mandato (2004-2011) autorizó la reforma de los Estatutos de Autonomía, para que cualquier Comunidad Autónoma que lo quisiera reformar lo podrían hacer. El PP se oponía a la reforma.
Para reformar los Estatutos, se tiene que votar en las Comunidades Autónomas y en el Parlamento de Madrid.
Se reformaron en las comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Andalucía, Aragón, Castilla y León, Navarra, Extremadura, Illes Balears.
En Asturies no se reformó por la negativa del Gobierno de coalición (PSOE, PCE-IU-BLQ-VERDES) a incluir en esa reforma la Oficialidad, perdiendo una gran oportunidad.
El 13 de Noviembre de 2003 interviene José Luis Rodríguez Zapatero que estaba en la oposición, en un mitin electoral del PSC y se compromete ante Pascual Maragall a respaldar el nuevo Estatuto que venga del Parlamento Catalán, incumpliendo la promesa.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005. El texto fue recortado en el Congreso de los Diputados, después aprobado en el 2006, y enviado a Cataluña para ser votado en referéndum por la ciudadanía y quedar aprobado.
En el referéndum no llegó a votar más que el 49’4 % del censo electoral y sólo una minoría del 35’7 % refrendó el Estatuto, lo que significa que una clara gran mayoría de los Catalanes, el 64’3%, no respaldó el nuevo Estatuto recortado.
Alfonso Guerra se vanagloriaba mofándose de los Catalanes, al afirmar que el Estatuto era infumable y lo cepillamos igual que un carpintero, durante la comisión del Congreso antes de pasar a la votación.
El estatuto Valenciano y de Andalucía tenía artículos similares y no los tocaron.
José Luis Rodríguez Zapatero no solo incumplió aquel apoyaré y no respetó el texto del nuevo Estatut que había salido del Parlament en 2005, sino que en 2006 pactó un recorte con el líder de CiU, Artur Mas, que entonces estaba en la oposición en Catalunya, y lo hizo a espaldas del president de la Generalitat, Pasqual Maragall (PSC) que era para quien hacía campaña cuando pronunció la frase, respaldaré el nuevo Estatuto que venga del Parlamento Catalán.
El PP y las Comunidades que Gobernaba, recurren el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional. En junio 2010 el Tribunal Constitucional le dio la estocada de muerte eliminado varios artículos. El nuevo Estatut no difiere gran cosa de lo que ya contenía el de 1979.
Después de la sentencia del TC del año 2010 consolidó el aumento imparable del independentismo y el proceso soberanista de Cataluña (Procés), conjunto de hechos sociales y políticos que se desarrollaron desde el año 2012 hasta 2022 en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña respecto al resto de España.
El 9 de noviembre del año 2014, el Presidente de La Generalitat Artur Mas, convoca una consulta popular, con dos preguntas. ¿Quiere que Catalunya sea un Estado?» en caso afirmativo, «¿Quiere que sea un Estado independiente?».
Han participado 2.305.290 de personas, apoyando la independencia 1.861.753, el 80,76 % del total de participantes.
La consulta fue suspendida por el Tribunal Constitucional en febrero de 2015.
A partir de la consulta del 9N, se incrementa la guerra sucia contra el independentismo conocida como OPERACIÓN CATALUÑA, guerra sucia del Estado, cuyo objetivo ha sido la criminalización del independentismo y el debilitamiento.
Según las informaciones aparecidas, no solo se espió, sino que desde el Ejecutivo del PP, presidido por Mariano Rajoy, con Soraya Sáenz de Santamaría de vicepresidenta, se movilizó a la cúpula del Ministerio del Interior, al frente del cual estaba Jorge Fernández Díaz. Se ordenó a funcionarios públicos, malversando fondos reservados, la persecución de personas inocentes a base de fabricar pruebas falsas que algunos periodistas se prestaron a publicar y a continuación algunos jueces las utilizaron para procesar o encarcelar a los perseguidos; se alteraron resultados electorales, se tergiversaron hechos y pervirtieron leyes, para debilitar sus estructuras políticas, sociales y económicas.
El atentado yihadista en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, que causó 16 muertos y 152 heridos, tiene muchos puntos oscuros sin aclarar. Esclarecer el papel de imán de Ripoll Abdelbaki es Satty y su papel como agente del CNI. Esta sigue siendo una carpeta cerrada a cal y canto.
En 2022, el excomisario Villarejo afirmó en sede judicial que el CNI estaba detrás de los atentados de Barcelona y Cambrils. «Fue un error grave del señor Félix Sanz Roldán (exdirector del CNI), que calculó mal las consecuencias para darle un pequeño susto a Catalunya». La justicia no estiró de este hilo, pero una comisión de investigación en el Congreso sí podría hacerlo. Está en los acuerdos de Junts para investir a Pedro Sánchez.
Los días 6 y 7 de septiembre del 2017 El Parlament de Cataluña aprobó las llamadas «leyes de desconexión» de España, las leyes del referéndum vinculante de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
El Tribunal Constitucional, unas semanas después, anula los acuerdos del Parlamento de Cataluña que aprobaron las leyes del referéndum del 1de octubre y de transitoriedad.
A pesar de la anulación del referéndum, y la advertencia del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy de que no se iba a celebrar, la consulta se hizo el 1 de octubre de 2017, cargado de tensión.
Arranca la votación a las 9:00 finalmente abren los colegios y centros de votación, y al mismo tiempo los primeros incidentes.
Las fuerzas de seguridad comienzan a actuar. La Policía Nacional activa su operativo y entra por la fuerza en el colegio donde tenía previsto votar Carles Puigdemont, y la Guardia Civil tumba el sistema informático que recogía los datos de las votaciones. Antes de las 11:00 la tensión ya se ha elevado, y comienzan a producirse choques violentos entre policías y manifestantes.
Las colas continúan en los centros de votación, Y fuera, en las calles, los incidentes no cesan: seis personas son detenidas, y casi 800 han resultado heridas.
Agentes de la Policía y la Guardia Civil impidieron que los votantes entren en algunos colegios designados por las Autoridades Catalanas, como centros de votación, requisando urnas.
La intervención de los agentes y la resistencia de los centenares de personas que se habían concentrado en los centros de votación han motivado escenas de violencia.
La actuación policial ha sido fuente de numerosas críticas contra el Gobierno Central, tanto dentro como fuera de Cataluña.
La televisión mostró imágenes de vidrios rotos en la entrada del centro y a oficiales de policía desalojando a personas que intentaban votar.
Fin de la jornada de votación: a las 20:00 se cierran los colegios. Al final de la jornada el balance definitivo de heridos crece y se aproxima al millar. Doce policías resultaron heridos por las piedras lanzadas por los manifestantes.
El Govern ha cifrado en 2.044.038 los votos favorables a la independencia, un 90,18%. Según esos datos, participaron 2.286.217 personas (el 43 % del censo), de las que 2.044.038 votaron sí, mientras que 177.547 votaron no (7,83%), otras 44.913 en blanco (1,98%) y 19.719 nulo.
Tras el referéndum, Israel fue de los pocos que lanzó un guiño a Catalunya y no aceptó la presión del Gobierno Español, entonces en manos del PP y presidido por Mariano Rajoy, para que condenara el proceso independentista que había en marcha en aquellos momentos. Los partidos ERC, JxCat, siempre agradecieron a Israel ese apoyo.
Después del referéndum del 1 de octubre de 2017, una parte de las empresas Catalanas, entre ellas las grandes compañías, empezaron a creer que la posibilidad de que Cataluña declarara unilateralmente la independencia no era tan descabellada, y para proteger sus intereses y los de sus accionistas decidieron trasladar sus domicilios sociales a otras partes de España.
El Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, el 6 de octubre de 2017 aprobó un decreto ley que permitió a las empresas acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión con carácter previo a la junta de accionistas y con independencia de lo que establezcan sus estatutos, lo que permite acelerar su salida de Cataluña a las compañías que así lo decidan.
A partir de ahí, empezó la avalancha y compañías como Banco Sabadell. CaixaBank , Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, Catalana Occidente, Cellnex, Colonial, EDreams, Naturgy o Naturhouse, Codorníu, VidaCaixa, Divina Pastora Seguros, VidaCaixa, Divina Pastora Seguros, Bimbo, Gallo, Idilia Foods (Cola Cao), Cervezas San Miguel, Grupo Planeta…
Según patronal Catalana Foment del Treball, que forma parte de la CEOE, estima que se fueron unas 5.000 empresas de las 550.000 empresas domiciliadas en Cataluña.
El 10 de octubre del 2017 Carles Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros ciudadanos, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república, y luego la suspende.
El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada.
La proclamación de independencia quedaba sin aplicación menos de un minuto más tarde.
Los miles de independentistas que estaban congregados cerca del Parlamento Catalán pasaron de la euforia a la decepción en cuestión de segundos por la calculada ambigüedad de Puigdemont, que solo sirvió para romper el bloque independentista, calificándola de gran estafa.
Gabriel Rufián envía un tuit a las 12 horas y 11 minutos del 26 de octubre de 2017, víspera de la frustrada declaración de independencia de Puigdemont: «155 monedas de plata». Acusaba a Puigdemont de traidor, al compararlo con Judas, que vendió a Jesucristo a las autoridades judías por 30 monedas de plata, pensaba que el presidente convocaría elecciones y no declararía nada.
El tuit fue tan demoledor que contribuyó a que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont diera marcha atrás y al día siguiente, el día 27, el Parlament proclamara de nuevo la independencia de Catalunya, aunque a efectos prácticos no sirviera de nada.
El Parlament de Cataluña ha aprobado nuevamente el 27 de octubre de 2017 declarar un «Estado independiente en forma de república» y abrir un «proceso constituyente» para redactar la Constitución del nuevo Estado.
El documento firmado incluía la constitución de la República Catalana, la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, el inicio de un proceso constituyente, la voluntad de abrir negociaciones con el Estado Español y un llamamiento a la comunidad internacional y a la Unión Europea.
Dos días más tarde, el día 29 de octubre, por segunda vez, el Presidente Puigdemont, suspende la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) antes de marchar para el exilio.
Unas horas después de la declaración del Estado independiente en forma de república» y abrir un «proceso constituyente por parte del El Parlament de Cataluña, el Gobierno que presidía Mariano Rajoy, aplica del artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la autonomía de Catalunya, se ordenó el cese de toda la Generalitat, la disolución del Parlament de Catalunya y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre de aquel año 2017. La aplicación del 155, duró hasta el 2 de junio del 2018.
El 31 de octubre de 2017 el Tribunal Constitucional suspendió la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Además, se inició un proceso judicial contra los líderes independentistas, que culminó con la sentencia del Tribunal Supremo el 14 de octubre del 2019, y condenó a varios líderes por sedición y desobediencia.
El sector independentista acusa a los cargos que permanecieron en la Generalitat, de ERC y PDeCAT (ahora JxCat), de ser los principales y más entusiastas colaboradores en la aplicación de este artículo 155, como constató el propio Mariano Rajoy, que fue el primer sorprendido de las facilidades encontradas para llevar a cabo la intervención de la autonomía.
Los mismos políticos que luego cooperaron también activamente en la aplicación del artículo 155 de la Constitución decretada por Mariano Rajoy y que supuso la suspensión del autogobierno de Catalunya. El propio PP quedó sorprendido de la complicidad y la falta de rechazo que encontró en la intervención de la Generalitat por parte de los cargos que permanecieron y que no pusieron ninguna traba a recortar la autonomía.
Todos los diputados que iban de independentistas en el 2017 incumplieron fraudulentamente las leyes del Referéndum y de la Transitoriedad, les reprochan los independentistas.
El 29 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, sin ningún tipo de votación Parlamentaria y apelando a una mediación internacional inexistente, suspendió por segunda vez, la Declaración Unilateral de Independencia (la DUI) sin tener ningún tipo de legitimidad para hacerlo, para después huir al exilio, contraviniendo su promesa de quedarse en el territorio para defender a sus electores.
Quien traicionó el espíritu del 1-O fue, en primer término el Presidente Puigdemont que lo convocó y no sólo no hizo nada para aplicarlo, sino que se escapó al extranjero mientras se detenía parte de su Gobierno, recuerda el independentismo.
El 1 y el 3 de octubre del 2017 el Estado Español estaba contra las cuerdas y si no acabó fuera de combate fue por la pantomima de la declaración de independencia de los días 10 y 27, en la que los políticos Catalanes que habían prometido la independencia en dieciocho meses se echaron atrás, les reprochan.
Los que impulsaron el referéndum no sabían qué hacer. Incluso se asustaron con lo que habían hecho y después se asustaron con la represión. Azuzaron una revolución y la gente les creyó, pero acabaron recaudando dinero para pagar las multas.
Carles Puigdemont sigue exiliado el Bélgica, desde octubre de 2017 ha dicho una cosa y ha acabado haciendo otra, no ha cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos, volviendo a presidir su partido Juns, manteniendo el escaño en el Parlament desde las elecciones de mayo 2024, necesitado de ingresos.
Los anticapitalistas de la CUP, que iban de radicales quemando fotos del rey y de la Constitución, declarando que había que romper el régimen del 78, acabaron acatando la Constitución del 78, para coger el acta de diputados, al presentarse al Congreso y obtener 2 representantes en la legislatura pasada.
La antigua dirigente de la CUP y exdiputada Anna Gabriel, se marchó de Catalunya a Suiza sin que existiera ninguna orden Europea o Internacional de arresto contra ella, su presunto delito de desobediencia no comportaba ninguna pena de prisión, sino una multa de hasta doce meses y una inhabilitación por cargo público de dos años.
Anna Gabriel se marchó a Ginebra (Suiza) en el 2018, un paraíso fiscal, según ella para internacionalizar el conflicto Catalán. Prometió que nunca se acogería a la justicia enemiga Española.
Ahora cuatro años y medio después, Anna Gabriel, transmitiendo una sensación de sumisión y derrota que hirió muchas sensibilidades, se presentó voluntariamente y sin avisar el pasado 19 de julio de 2022, delante del Supremo. Ha pedido que su causa «se archive o se envíe a Barcelona»,y el juez Llarena la dejó en libertad retirándole la orden de detención, con permiso para moverse por todo el país, incumpliendo todo lo que prometió. Ningún alto cargo ni diputado/a de la CUP ha pasado ni un solo día en prisión.
Ahora los anticapitalistas de la CUP, junto con ERC y Juns, piden un nuevo referéndum pactado con el Gobierno, que nunca se va a producir, encendiendo más al independentismo.
Los independentistas, acusan a los anticapitalistas de la CUP de ser utilizados por el Gobierno para desinflar el independentismo y certificar la muerte de la vía unilateral, así son los que van de revolucionarios, decían.
Los partidos que van de radicales, al final suelen ser los más vendidos.
En octubre de 2019 el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del juicio del procés, que condena por delitos de sedición y malversación, a los 12 líderes independentistas, a penas de entre 10 meses de multa hasta 13 años de cárcel.
El referéndum en ningún caso fue delito. La convocatoria de referéndums en España había sido despenalizada en el año 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó sin efecto la reforma del Código Penal introducida por el PP en el año 2003, en tiempos de José María Aznar, para castigar con pena de prisión a quienes los convocaran sin la aprobación del Gobierno Español, en un intento de frenar el llamado plan Ibarretxe, con el que el lehendakari Juan José Ibarretxe quería dotar a Euskadi de un nuevo estatus político.
Los independentistas reprochan a los líderes del procés condenados, que en el año 2017 la derogación continuaba plenamente vigente, ahora también y, a pesar de ello, los dirigentes de las fuerzas políticas catalanas y de las entidades soberanistas que habían organizado el referéndum fueron acusados de rebelión y sedición y, lo que es peor, ellos lo dieron por bueno como si nada. Ninguno utilizó este argumento para defenderse. Al contrario, todos acotaron la cabeza, admitieron que habían actuado mal y prometieron, a pesar de las proclamas de algunos para hacer creer lo contrario, que se llevarían bien y no lo volverían a hacer nunca más.
El 22 de junio de 2021 estos presos fueron indultados por el gobierno de Pedro Sánchez, los nueve presos independentistas condenados en el juicio del ‘procés Catalán fueron excarcelados al día siguiente. Entre cinco y nueve años se mueve el tiempo de cárcel que se les ha perdonado.
Conmutaron la pena pendiente de prisión pero se mantienen las condenas por inhabilitación, y malversación de los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se produzcan delitos graves durante un periodo acotado de tiempo, de lo contrario quedaría sin efecto la medida» Esa condicionalidad fija un periodo de seguridad de entre 3 y seis años. Si los independentistas incurrieran en un delito grave durante ese tiempo, el indulto quedaría sin efecto.
Ese indulto fue a cambio de que esos partidos no cometieran ninguna situación de ilegalidad, y la creación de una mesa de dialogo con el Gobierno.
La mesa de dialogo nunca se constituyó, era una excusa de esos partidos para poder presentarse ante el sector independentista con alguna concesión y no parecer una rendición.
La reforma del Código Penal, pactada por el Gobierno de coalición (PSOE, Unidas Podemos) y los partidos Catalanes ERC y Juns para derogar la sedición y reformar el delito de desórdenes públicos es un acuerdo que permite salvar a los líderes del procés mientras condena la población a la presunción de culpabilidad perpetua.
Este cambio legal es muy negativo, fue hecho para salvar a los políticos (los pueden acusar como mucho de malversar dinero público) recayendo el delito sobre la movilización.
El delito de desórdenes públicos agravados, (bajo el pretexto de atentar contra la paz social, intimidar a un responsable político u ocupar un edificio público) será la escusa ideal para que los jueces, con total impunidad, puedan criminalizar las movilizaciones de protesta, presionando también cualquier movilización popular que se vaya convocar, bajo la amenaza de tildarla de desorden público.
El PSOE, ERC, JUNS, Unidas Podemos, con esta Ley, maquinaron un futuro mucho más represivo, que la Ley Mordaza de la derecha, aumentándola, normalizando la violencia política y judicial contra toda movilización que no sea de su agrado.
Después de las declaraciones fallidas de independencia del 10 y 29 de octubre de 2017, los partidos ERC, JUNS, CUP, prometieron restablecer la Declaración Unilateral de Independencia (la DUI), en los sucesivos Gobiernos de la Generalitá, teniendo mayoría para hacerlo, esto no se notó ni en avances hacia la independencia ni en avances hacia el autogobierno, hasta las elecciones del 12 de mayo el 2024 que la perdieron, incumpliendo la promesa, acusándolos el independentismo de traidores.
Según el independentismo, los dirigentes de los partidos Catalanes (ERC, JUNS, CUP) renunciaron a la independencia al día siguiente de la ficticia declaración del Parlament del 27 de octubre del 2017 si es que algunos ya no lo habían hecho la noche del mismo día 1 al ver que el resultado del referéndum se les había escapado de las manos, o si es que algunos ya no habían creído nunca en ello, se rindieron incondicionalmente y se entregaron con armas y bagajes a las autoridades españolas.
Para el independentismo, el referéndum de verdad es el del Primero de Octubre de 2017, del que los propios políticos catalanes han ocultado el resultado real, dando datos falsos, por el vértigo que les embargó al darse cuenta de que estarían obligados a aplicarlo si lo hacían público, el verdadero es: 3.130.000 votos emitidos, que equivalen a una participación del 58,61% del censo electoral, y 2.817.000 síes, que representan el 90% del total de sufragios.
Ellos fueron los primeros sorprendidos, porque se esperaban que la mayor parte de los colegios electorales estuvieran cerrados y prácticamente nadie pudiera votar, pero la respuesta de la gente, una vez más, los desbordó. Y el 27 de octubre del 2017 materializaron la rendición con aquella pantomima de declaración de independencia en el Parlament, que ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) para que tuviera validez jurídica.
Más claridad que esta imposible, les reprochan.
Lo que quiere ese sector mayoritario del independentismo, es que cumplan lo prometido, que se restituya la declaración unilateral de independencia, proclamando la independencia de Cataluña, luego el Gobierno aplicará el 155 e intervendrá la Generalitat, ir a la desobediencia civil, para que sea reconocida e intervenga la Comunidad Internacional, con un porcentaje tan alto participación en el referéndum, el reconocimiento internacional estaba garantizado.
Empezará un conflicto con el Estado de consecuencias y duración imprevisibles. Los partidos (ERC, JUNS, CUP) no quieren ir por la vía de la desobediencia, porque se les acaba el negocio de vivir de la política engañando al Pueblo.
Lanzaron la genta para delante, cuando vieron las consecuencias, 155 cárcel, salida de las Instituciones … dieron marcha atrás, ahora es tarde, les explotó el conflicto en las manos.
La única desobediencia que hubo a partir del 1 de octubre de 2017 fue la de nuestros dirigentes políticos, que decidieron desobedecer la ley del referéndum aprobada por ellos mismos, desobedeciendo al mismo tiempo el mandato del Pueblo expresado en las urnas, por el que todos los protagonistas tendrían que haber dimitido, han sentenciado.
Esquerra Republicana fue el primer partido que apostó por la independencia, le hizo ganar elecciones y poder, que ha perdido cuando la dirección del partido, jugó sucio. Y sucio han continuado. ERC ha perdido la credibilidad de sus dirigentes y la credibilidad de su propio proyecto. Los dirigentes se pueden cambiar, pero recuperar el proyecto requiere una depuración que hoy por hoy no se percibe, insisten desde el sector independentista.
Ahora los anticapitalistas de la CUP, junto con ERC y Juns, piden un nuevo referéndum pactado con el Gobierno, nunca se va a producir, lo que significa es que deslegitima y renuncia al del 1 de Octubre de 2017 encendiendo más al independentismo.
El discurso quizás servirá para motivar a la parroquia incondicional, pero difícilmente para hacer cambiar de posición a los independentistas que hace tiempo que han optado por la abstención
El sector independentista califica a los partidos ERC JUN, CUP, de traidores, de partidos unionistas, de ir de independentista sin salirse del marco autonomista.
El anterior representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, el Catalán Josep Borrell, llegó a manifestar, que si el independentismo Catalán llega al 70% de apoyo, el Gobierno Español no tiene nada que hacer. Durante el referéndum de 2017 llegó alcanzar un 48% actualmente está en el 40% de apoyo a la independencia.
Las urnas les están pasando factura a estos partidos (CUP ERC y JUNS) que son acusados de ser un lastre para el independentismo.
Una parte sustancial de los independentistas optó por abstenerse en los comicios, Generales, Municipales que se llevaron a cabo el 2023 también en las Europeas y de la Generalitat de 2024 en señal de disconformidad con su actuación, perdiendo esos partidos más de un millón de votos y no encuentran la fórmula de recuperarlos.
Después de las elecciones Generales del 23 de Julio de 2023, los tres partidos (ERC JUN, CUP) solo representan el 28 % del cuerpo electoral. El PSC (34,49 %), Sumar (14,03 %) y el PP (13,34 %) ya han superado a Esquerra (13,16 %) y Junts (11,16 %).
El mayor descalabro lo llevó la CUP. Solo tiene 4 diputados/as en la Cámara Catalana donde antes tenía 9. No tienen capacidad para incidir en políticas a raíz de la pérdida de la mayoría independentista. Tampoco tienen representación en el Congreso de los Diputados ni en los Ayuntamientos de Barcelona, Lleida y Tarragona.
Las elecciones Generales de julio del 2023, el PSOE les concedió a una serie de privilegios a ERC y JUNS por apoyarles para poder formar Gobierno y para la Presidencia de la Mesa del Congreso.
Por apoyar La Presidencia de la Mesa del Congreso, el PSOE les concedió grupo Parlamentario sin tener diputados para ello, tienen 7 cada uno, cuando se necesitan 15 diputados/as o un 15% de los votos en las circunscripciones donde se hayan presentado que tampoco lo cumplen.
El PSOE, les presto 8 diputados/as cada uno, una vez obtuvieron grupo parlamentario esos diputados/as volvieron a las filas del PSOE, eso forma parte de la enorme corrupción de los partidos políticos, hacen las leyes, pero cuando no les convienen se las saltan. Todos los partidos políticos callaron.
El tener grupo Parlamentario tiene una serie de prestaciones, supone más dinero en subvención, más asesores, el envío gratuito de propaganda electoral y más privilegios. En consecuencia más dinero público malversado.
Por apoyar al PSOE para formar Gobierno, les concedió la amnistía, más dinero, traspaso de ferrocarril Rodalies (cercanías), fomentar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y apoyar el idioma Catalán en la Unión Europea.
La amnistía es el olvido penal a todos los efectos, algo que no es el indulto. Los políticos de ERC y JUNS que fueron condenados en el sumario del Procés, tienen pendientes penas de malversación e inhabilitación para cargo público, así como los exiliados, muchos pendientes de juicio, entre los cuales se encuentra Puigdemont.
Si se aplicara la ley de amnistía, quedarían exentos de las penas, podrían presentarse a las elecciones los que fueron condenados y los exiliados podrían regresar.
La ley de amnistía pactada entre el PSOE y JxCat y ERC, es la ley para la normalización institucional, política y social en Catalunya, para pasar página del proceso independentista que desembocó en el referéndum del Primero de Octubre de 2017 y que entre todos hicieron fracasar, recuerdan los independentistas.
No hicimos el 1-O para que al cabo de siete años el resultado fuera una amnistía. El independentismo considera la amnistía la claudicación definitiva de los partidos que se rindieron tras el referéndum del Primero de Octubre.
La ley de amnistía no ha servido hasta la fecha para que el Supremo la acate y, al contrario, la ha ladeado hasta dejarla en papel mojado, a pesar de la sentencia favorable del Tribunal Constitucional.
La batalla principal de los jueces es la ofensiva contra la amnistía, por el doble motivo de desestabilizar la mayoría parlamentaria, pero sobre todo impedir la desautorización del Tribunal Supremo, dado que la amnistía implica tácitamente reconocer que los condenados y perseguidos fueron injustamente perseguidos y condenados.
En el primer trimestre de 2026, está previsto que El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se pronuncie sobre la amnistía, aunque sea favorable, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.
Existe una rebelión del Poder Judicial contra el Legislativo que se materializa con el boicot a la ley de amnistía. El pacto con los independentistas catalanes, los aberzales vascos y la ley de amnistía se ha convertido en un enemigo de los poderes del Estado, que le han declarado la guerra.
Esos poderes del Estado calificados de ocultos, están instigados e integrados por la monarquía, el estamento judicial, el aparato policial, sectores del ejército, de la Iglesia, el PP de José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, Vox y, entre otros, la vieja guardia del PSOE con personajes como Felipe González y Alfonso Guerra al frente, no se detendrán, hasta que no alcancen el objetivo, por el medio que sea, de ver a Pedro Sánchez fuera de la Moncloa.
En las elecciones Catalanas del 12 de mayo de 2024, los partidos ERC, JUNS y CUP, pierden la mayoría que tenían desde el 2010 con José Montilla. La presidencia de la Generalitat, que se la ha llevado el PSC por la abstención de más de un millón de votos independentistas.
ERC negaban en campaña electoral, apoyar a los socialistas para que llegasen al Govern. Le reprochan, es que ya se han aprendido que da igual la mentira que suelten en campaña, porque el sistema al final funciona.
Fruto de los pactos con ERC, hay un nuevo Gobierno de la Generalitat presidido por un político socialista, Salvador Illa, protagonista de escenas como ir de la mano de PP, Vox y Cs en manifestaciones anti-Procés, haber manifestado que la aplicación del artículo 155 se tenía que haber hecho antes de lo que lo hizo el Gobierno de Rajoy, utilizar un bilingüismo poco congruente con el Catalanismo histórico que hasta ahora han defendido todos los presidentes de la Generalitat, poner bandera española en la Sala dels Diputats del edificio, donde los presidentes se reúnen habitualmente con sus invitados, y normalizar las relaciones con la monarquía, le sentencian el sector independentista.
La llegada a Barcelona de Carles Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa, el 8 de agosto de 2024, en medio del impresionante despliegue policial de los Mossos d’Esquadra, sabiendo que no le iban a detener, si lo hacían, se acababa la legislatura en el Parlamento de Madrid, fue solo para monta el número y culpar a ERC de presidir la Generalitat Salvador Illa. Juns no iba a apoyar al Gobierno mientras Carles Puigdemont estuviera en la cárcel.
En esos pactos de ERC con el PSC-PSOE está que Catalunya salga del régimen común de financiación autonómica en que están todas las comunidades, excepto el País Vasco y Navarra, y se dote de un régimen de financiación singular y privativo que le provea un amplio poder fiscal y financiero.
Esto en la práctica es todo mentira, le contestan desde el independentismo. Lo que han pactado ERC y el PSC es un sistema como el que preveía el nuevo Estatut aprobado por el Parlament el 2005 y que después las Cortes Españolas decapitaron el 2006.
Catalunya tendrá más dinero, por descontado. Pero hay cuatro cosas que ni tendrá, ni pasarán: no tendrá un concierto económico, ni soberanía fiscal, ni la llave de la caja, ni la posibilidad de acabar con el déficit fiscal; tampoco pasará que salga del régimen común en el que están todas las Autonomías, excepto el País Vasco y Navarra.
Mientras Catalunya contribuye a la solidaridad interterritorial, el País Vasco no y lo único que aporta es el llamado cupo por los servicios que presta el Estado, y que, al tener la sartén de la recaudación de los impuestos por el mango, fija él mismo y, por tanto, difícilmente supera nunca los 1.500 millones de euros al año, muy lejos de los 20.000 que salen de las arcas Catalanas, manifiestan los independentistas.
El problema principal del movimiento independentista en estos momentos es que no tiene ni líderes ni partidos políticos que lo encabecen y lo representen. Los partidos catalanes han estafado al votante independentista. El independentismo catalán está actualmente dividido y desmovilizado
Al contrario, son los partidos los que hace tiempo que han renunciado a él y los que han llevado a un grueso importante de electores a dejar de votarlos, a abstenerse precisamente porque no son independentistas y, por lo tanto, no los representan.
No debe confundirse el descenso de ERC, JxCat y la CUP con el descenso del apoyo a la independencia
La gente no ha dejado de ser independentista de la noche a la mañana. Lo que pasa es que está muy quemada tras el engaño colectivo de 2017, en el que los dirigentes que se habían puesto al frente del movimiento con el compromiso de conducirlo a buen puerto lo dejaron, literalmente, tirado
La Diada Nacional de Catalunya de 2024, fue la que menor gente participó, no llegó a 70.000 personas, debido a la presión de los independentistas que se quedaron en casa.
Es una obviedad que la movilización del independentismo en la última Diada Nacional de Catalunya de 2024 ha sido la más baja que se recuerda a pesar de la convocatoria unitaria de ERC y JxCat, desde que las manifestaciones empezaron a ser multitudinarias a partir de 2010 con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut.
Con tanta gente escamada por el papel que han jugado los dirigentes de los partidos catalanes estos últimos años, hay poca que esté dispuesta a salir a la calle y a poner la cara por ellos, porque cuando lo hizo se la rompieron y ellos se desentendieron de todo
Después de cuatro batacazos seguidos en las urnas (Generales, Municipales, Generalitat, Europeas) el castigo del electorado independentista por la renuncia a hacer efectiva la separación de España el 2017 y el retorno desde entonces a la vía autonomista de toda la vida va a seguir hasta que entiendan que el problema son ellos, no los abstencionistas.
La reflexión importante va mucho más allá y es mucho más grave: el independentismo Parlamentario representado en ERC, JxCat y la CUP ha perdido más un millón de votos y no encuentra la fórmula de recuperarlos.
A quién más beneficia esta bajada de votos independentistas es al PSOE y al PP. Por una parte, recogen el voto que antes iba a Ciudadanos, siendo el más beneficiado el PP, y por otro, necesitan menos votos para sacar un representante en las distintas elecciones (Generales, Locales, Autonómicas y al Parlamento Europeo). El PSOE compensa la perdida de representación que pierde en Andalucía.
Y como estos dirigentes no hay manera de que se quiten de en medio, porque, a pesar del fracaso, siguen queriendo cortar el bacalao como si nada hubiera ocurrido, el grueso del electorado independentista prefiere quedarse en casa, que quiere decir no salir a la calle, en el caso de celebraciones como la de la Diada Nacional de Catalunya, y no ir a votar, abstenerse, en el caso de las sucesivas convocatorias electorales que se vayan produciendo.
El movimiento independentista Catalán está, pero reclama partidos y líderes nuevos, que por ahora no están ni se sabe si estarán ni cuándo. Pero que nadie se equivoque, que cuando estén, se volverá a dejar ver y sentir, volverán a salir a la calle, llenar las urnas, y volverán a ser mayoritarios, manifiestan.
Recuerdan a ERC, JxCat y la CUP que suspendieron el resultado de la consulta del 1 de octubre de 2017. Significa que la cosa ha quedado en suspensión hasta la fecha. No anulada, no borrada, no inutilizada, el octubre de 2017 queda en la memoria y algún día se hará realidad, aseguran desde ese sector mayoritario independentista.
Hay una fuerza independentista nueva de derechas en el panorama político Catalán, Aliança Catalana, cuya líder es Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, limitándose a recoger el descontento, malestar, la falta de credibilidad y confianza que las fuerzas políticas ERC, JxCat y la CUP han provocado.
La irrupción de Sílvia Orriols en el panorama político Catalán y la predisposición de una parte del electorado independentista a confiar en ella, es la esperanza del independentismo por forzar un cambio.
Para el independentismo Catalán, Aliança Catalana no es un partido de extrema derecha. La ultraderecha, han sido siempre y son todavía los fachas españoles. Y en este momento los fascistas españoles están muy bien representados por Vox, por parte del PP e incluso por sectores del PSOE.
Aliança Catalana acaba de hacer público, que incluirá en el programa electoral para el Parlamento de Cataluña de 2028 la Declaració Unilateral de Independènci (DUI) que el ex Presidente Puigdemont suspendió antes de marchar para el exilio. Será “el primer punto que incluiremos en el programa electoral y que su partido se siente “legitimado para llevarla adelante, abriendo una situación nueva, volviendo a 2017.
En las próximas elecciones Catalanas, previstas, en principio, para 2028, a Aliança Catalana la votará fundamentalmente, además de los últimos electores desengañados de ERC, JxCat y la CUP, una parte importante del independentismo más crítico con las formaciones tradicionales y que llamaba a la ruptura con el Estado, que desde los comicios municipales de 2023 han decidido quedarse en casa.
Por eso, el resto de formaciones políticas están en contra de Aliança Catalana, porque saben que, si algún día tocara poder en Catalunya, les desmontaría el tinglado, afirman desde el independentismo.
En cuanto al País Vasco la situación es distinta, con un 23 % de apoyo a la independencia hay poco que hacer, como lo reconocieron en Bildu cambiando de estrategia.
Bildu está tratando de ir más allá del caladero tradicional del independentismo y trata de captar al votante de izquierda, sea cual sea su sentimiento nacional, saben que si quieren Gobernar Euskadi tiene que tener mayoría, lo tienen muy difícil conseguir apoyos para formar un gobierno de coalición.
Por eso Bildu, incorporó en sus candidaturas a gente que no es independentista, aumentando el apoyo de ese sector. Les está yendo bien, un paso más en el cambio de estrategia. También está pasando por un proceso de normalización política a través de pactos con el PSOE.
El Bloque Nacionalista Galego, hizo público hace tiempo que no son independentistas, saben que necesitan más apoyo de otros sectores para ser fuerte en las Instituciones y poder Gobernar.
La estrategia de los partidos de Cataluña, ERC, Juns (antigua convergencia), Bildu en el País Vasco, Bloque Nacionalista Galego en Galicia, integrados dentro del sistema neoliberal, es centrarse en los temas sociales, aparcar los identitários, ampliar la base electoral hiendo por el electorado de centro, liberal y conservador nacionalista, también del votante de derechas, intentar sacar buenos resultados en las elecciones para poder Gobernar las Instituciones y conseguir las máximas competencias para ir a un Estado Federal.
Es muy probable que se vuelva a reavivar una nueva versión del proyecto “Galeusca” desde los partidos nacionalistas de Catalunya, Euskadi y Galicia, con el fin de plantear conjuntamente reformas parciales del sistema político en un sentido plurinacional.
ENSAME SOCIALISTA ASTUR
(Estaya Política)